Interior se jacta de mejorar la atención que se daba a víctimas de abusos sexuales
Los casos de violencia machista se han duplicado durante la última década
Mariola Serrano (izquierda), en un momento de su comparecencia de esta mañana. / Parlamento vasco
La directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano, afeó ayer los trabajos realizados por los anteriores Gobiernos en la atención a las víctimas de violencia sexual,
denominación en la que se aglutinan los casos de violaciones,
exhibicionismo o tocamientos. Serrano compareció ante la Comisión de
Políticas Sociales del Parlamento para dar cuenta de las actuaciones
realizadas el año pasado por su dirección, dependiente de Interior. En
su discurso dejó caer que “la violencia sexual ha pasado desapercibida
en las acciones de atención y protección que se han ido realizando” en
Euskadi hasta 2009, cuando los socialistas llegaron a Ajuria Enea.
La directora defendió que, “tras detectar esta carencia”, su equipo puso en marcha nuevas medidas para adaptarse mejor a las necesidades de las mujeres asaltadas sexualmente. Una de ellas es la creación de un nuevo tipo de denuncia, que se implantó en verano de 2011, y que tiene como objetivo agilizar su cumplimentación para evitar el largo plazo que hasta entonces tenían que invertir las víctimas a la hora de presentar la denuncia.
Serrano explicó que en junio próximo se implantará un sistema para controlar la calidad de la atención en las comisarías de la Ertzaintza en este tipo de situaciones y avanzó que preparan nuevas actividades de sensibilización, como un cómic para jóvenes.
Euskadi registró el año pasado un total de 237 casos de delitos contra la libertad sexual, lo que supone el 5% de los delitos de violencia machista. La cifra más elevada de la última década se contabilizó hace cuatro años, con 316 casos.
El balance presentado ayer recoge que en la última década los casos de violencia machista se han casi duplicado al pasar de 2.477 en 2002 a los 4.858 del pasado ejercicio. Los datos “dan a conocer una realidad que ha permanecido durante mucho tiempo oculta”, apuntó Serrano,aunque reconoció que todavía son solo “la punta del iceberg” de esta lacra en Euskadi.
En todo ese tiempo, 29 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, de las que el 76% eran españolas y un 66% convivía con la persona que les quitó la vida. En diciembre pasado, 59 mujeres llevaban escolta en la comunidad autónoma, otras 28 tenían medidas de contravigilancia, 475 más contaban con un teléfono especial para contactar con la Ertzaintza, 32 disponían pulseras localizadoras y nueve hicieron uso de los recursos para las víctimas de explotación sexual. En todo el año se contabilizaron 745 quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
En cuanto a las ayudas económicas para evitar la dependencia del agresor, 90 de las 203 mujeres que las solicitaron las lograron. Los rechazos estuvieron motivados porque excedían del nivel de ingresos requeridos o porque ya estaban percibiendo otras ayudas.
En las adjudicaciones de viviendas protegidas, en las que las víctimas de la violencia machista tienen prioridad, de las 246 que las solicitaron cinco lo lograron —en viviendas públicas de alquiler las doce solicitudes se vieron cumplidas—.
Serrano se defendió ante las críticas del PNV, que volvió a deplorar que la Dirección de Víctimas dependa de la consejería que dirige Rodolfo Ares. Su responsable respaldó situar estas tareas “en el departamento que más competencias tenga y en el que sea más fácil de sacar las políticas adelante”.
Tras afear el “desorden absoluto” que existía a su juicio en etapas anteriores, destacó que “la seguridad es fundamental y, por tanto, es prioritaria; y también la atención”.
La directora defendió que, “tras detectar esta carencia”, su equipo puso en marcha nuevas medidas para adaptarse mejor a las necesidades de las mujeres asaltadas sexualmente. Una de ellas es la creación de un nuevo tipo de denuncia, que se implantó en verano de 2011, y que tiene como objetivo agilizar su cumplimentación para evitar el largo plazo que hasta entonces tenían que invertir las víctimas a la hora de presentar la denuncia.
Serrano explicó que en junio próximo se implantará un sistema para controlar la calidad de la atención en las comisarías de la Ertzaintza en este tipo de situaciones y avanzó que preparan nuevas actividades de sensibilización, como un cómic para jóvenes.
Euskadi registró el año pasado un total de 237 casos de delitos contra la libertad sexual, lo que supone el 5% de los delitos de violencia machista. La cifra más elevada de la última década se contabilizó hace cuatro años, con 316 casos.
El balance presentado ayer recoge que en la última década los casos de violencia machista se han casi duplicado al pasar de 2.477 en 2002 a los 4.858 del pasado ejercicio. Los datos “dan a conocer una realidad que ha permanecido durante mucho tiempo oculta”, apuntó Serrano,aunque reconoció que todavía son solo “la punta del iceberg” de esta lacra en Euskadi.
En todo ese tiempo, 29 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, de las que el 76% eran españolas y un 66% convivía con la persona que les quitó la vida. En diciembre pasado, 59 mujeres llevaban escolta en la comunidad autónoma, otras 28 tenían medidas de contravigilancia, 475 más contaban con un teléfono especial para contactar con la Ertzaintza, 32 disponían pulseras localizadoras y nueve hicieron uso de los recursos para las víctimas de explotación sexual. En todo el año se contabilizaron 745 quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
En cuanto a las ayudas económicas para evitar la dependencia del agresor, 90 de las 203 mujeres que las solicitaron las lograron. Los rechazos estuvieron motivados porque excedían del nivel de ingresos requeridos o porque ya estaban percibiendo otras ayudas.
En las adjudicaciones de viviendas protegidas, en las que las víctimas de la violencia machista tienen prioridad, de las 246 que las solicitaron cinco lo lograron —en viviendas públicas de alquiler las doce solicitudes se vieron cumplidas—.
Serrano se defendió ante las críticas del PNV, que volvió a deplorar que la Dirección de Víctimas dependa de la consejería que dirige Rodolfo Ares. Su responsable respaldó situar estas tareas “en el departamento que más competencias tenga y en el que sea más fácil de sacar las políticas adelante”.
Tras afear el “desorden absoluto” que existía a su juicio en etapas anteriores, destacó que “la seguridad es fundamental y, por tanto, es prioritaria; y también la atención”.
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