martes, 12 de febrero de 2019
“Soy una niña libre y tú no me tienes que decir cómo me debo vestir”
Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy voy a ser breve, porque no hay mucho
más que decir. El mensaje es tan valiente y rotundo que añadir
cualquier reflexión lo empeoraría. La frase que encabeza este comentario
es real. Fue lo que le dijo una adolescente al chico con el que salía y
que no dejaba de controlarla. Me parece un lema perfecto para una
campaña contra la violencia machista entre menores. Y entre mayores,
también. Niñas, sed libres. Sed felices.
lunes, 31 de diciembre de 2018
VIOLENCIA MACHISTA
España despide el 2018 con 47 mujeres asesinadas por violencia de género
Desde que existen estadísticas en 2003, ya son 975 las víctimas mortales de este tipo de violencia
Al menos 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas en 2018 en España, y únicamente 14 de ellas (es decir, el 29,8%) había denunciado a su maltratador, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, recogidos por Europa Press. Además, cinco víctimas mortales tenía alguna medida de protección vigente en el momento de su asesinato.
Los datos oficiales de mujeres víctimas mortales por este tipo de violencia se recaban desde el año 2003. De acuerdo a estas cifras, en 15 años, al menos 975 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo a las cifras oficiales.
Otra de las intenciones del Ejecutivo es la puesta en marcha una estadística oficial, separada de la de violencia de género, para contabilizar los casos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja.
En ésta se incluirán los crímenes de Laura Luelmo, la profesora que recientemente ha sido asesinada por un hombre en Campillo (Huelva), o el de Diana Quer, la joven madrileña asesinada por José Enrique Abuín, alias `El Chicle`, en agosto de 2016, y cuyo cadáver fue hallado hace exactamente un año.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está trabajando desde el pasado mes de octubre en la recogida de datos sobre "todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo" con el objetivo de elaborar la base de datos, aunque no precisa cuando comenzará a publicarse.
ÚNICAMENTE EL 29,8% HABÍA DENUNCIADO
Según la estadística de mujeres víctimas mortales por violencia de género, actualizada a fecha 19 de diciembre, de las 47 mujeres asesinadas este año, la mayoría (33) no habían denunciado a su agresor. Únicamente en 14 casos se presentó denuncia 29,8% del total de las víctimas mortales.
De esa minoría de casos en los que había denuncia previa, en 13 había sido interpuesta por la propia víctima y solo en uno por otras personas de su entorno. Además, de los 14 casos de maltrato denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuatro de ellos las víctimas decidieron no continuar con el proceso.
Se habían solicitado medidas de protección en 11 de los casos, y se adoptaron en nueve de ellos. De hecho, estas medidas de protección a favor de la víctima estaban en vigor en cinco de los casos en el momento del asesinato.
Entre las víctimas mortales que constan entre las cifras oficiales está la que fuera novia de César Román, conocido como `el rey del Cachopo`; o una joven de 21 años, cuyo novio de 14 le disparó con una escopeta en un campo de tiro de Las Gabias (Granada). La última víctima mortal incluida es una mujer de Manresa (Barcelona) que murió el pasado 15 de diciembre y cuyo marido ha sido acusado de desasistirla.
UN CASO EN INVESTIGACIÓN
En 2018, permanece en investigación un crimen de la mujer de la Orotava (Tenerife) y sus dos hijas menores de edad, que aparecieron muertas el 14 de julio, mientras que el presunto autor de los tres crímenes murió ahorcado.
En paralelo a la estadística oficial, la web `feminicidio.net` lleva contabilizados 96 feminicidios y asesinatos de mujeres en el año 2018. En ellos se incluyen los 47 asesinatos de la base de datos oficial del Gobierno, pero también incluye otros dos crímenes de mujeres no confirmados como `feminicidio íntimo`, es decir, en el ámbito de la pareja.
En este recuento, también se añaden los denominados como `feminicidios no íntimos`, entre los que se incluye el asesinato de Laura Luelmo, y de otras cinco mujeres asesinadas a manos de hombres. También distingue entre `feminicidios familiares`, `infantiles`, `por prostitución`, otros feminicidios o asesinatos sin datos suficientes o por robo.
En paralelo a la estadística oficial, la web `feminicidio.net` lleva contabilizados 96 feminicidios y asesinatos de mujeres en el año 2018. En ellos se incluyen los 47 asesinatos de la base de datos oficial del Gobierno, pero también incluye otros dos crímenes de mujeres no confirmados como `feminicidio íntimo`, es decir, en el ámbito de la pareja.
En este recuento, también se añaden los denominados como `feminicidios no íntimos`, entre los que se incluye el asesinato de Laura Luelmo, y de otras cinco mujeres asesinadas a manos de hombres. También distingue entre `feminicidios familiares`, `infantiles`, `por prostitución`, otros feminicidios o asesinatos sin datos suficientes o por robo.
975 ASESINADAS EN 15 AÑOS
Desde hace 15 años en que hay estadísticas oficiales, un total de 975 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde el año 2006 se diferencia entre las que sí denunciaron a su agresor (206 mujeres) y las que nunca acudieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar su maltrato (569 mujeres), que son la mayoría de las asesinadas.
Las asesinadas se contabilizan desde 2003, pero en las estadísticas oficiales se recogen las denuncias interpuestas por las víctimas de violencia machista solamente desde 2006. Ese año se aprobaron los registros en virtud de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Las asesinadas se contabilizan desde 2003, pero en las estadísticas oficiales se recogen las denuncias interpuestas por las víctimas de violencia machista solamente desde 2006. Ese año se aprobaron los registros en virtud de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
De acuerdo al recuento realizado por Europa Press en base al registro oficial de víctimas mortales, de las 206 mujeres que denunciaron a su agresor por maltrato, alrededor de la mitad tenía alguna medida de protección vigente en el momento de su asesinato.
Solicitaron medidas de protección 159 de las víctimas que denunciaron previamente y éstas se adoptaron en 143, es decir, en la mayoría de los casos en los que se pidieron.
martes, 20 de marzo de 2018
VIOLENCIA DE GÉNEROEl largo calvario judicial de una
víctima de violencia de género
Tras las denuncias de malos tratos, muchas mujeres se enfrentan a años de un
proceso judicial que, en ocasiones, en lugar de protegerlas y subsanar los daños
que han padecido por la violencia machista, las culpabiliza. El caso de Isabel
es uno de estos ejemplos.
proceso judicial que, en ocasiones, en lugar de protegerlas y subsanar los daños
que han padecido por la violencia machista, las culpabiliza. El caso de Isabel
es uno de estos ejemplos.
Aquel 12 de abril de 2014 Isabel L. pensó que ponía un punto y final a más de tres años de malos tratos y sufrimiento. Ese día, tras una brutal paliza, finalmente reunió las fuerzas suficientes para entrar en su casa, cerrar la puerta y llamar al 016. Esta vez sí. No era la primera agresión, pero sí la más grave. Tal como relata ella y se recoge en una sentencia, las intimidaciones, vejaciones, insultos, agresiones y amenazas fueron constantes durante un período de tres años. Incluso estando embarazada de la hija en común, que hoy tiene cinco años, las agresiones no cesaron.
Sin embargo, ella siempre se había negado a denunciar e incluso a separarse. Siempre acababa por pedirle perdón y ella, una y otra vez, lo perdonaba. Es un ciclo perverso en el que acaban cayendo las víctimas de violencia machista. Un ciclo complicado de entender para quien lo vive desde fuera, pero que está ámpliamente documentado y que sigue unos patrones ya bien definidos. Un ciclo que todos aquellos que tratan con víctimas de violencia de género (médicos, policías, jueces y juezas, asistentes sociales y psicólogos...) deberían conocer y saber interpretar, tal como lo exige la ley de violencia de género en vigor desde el 2004.
Cuando llegó la guardia civil a su domicilio, él se había marchado. Fueron ellos los que pidieron una ambulancia para que la atendieran y examinaran las lesiones que le había dejado la tremenda paliza que acababa de recibir y que le dejó marcas, hematomas e inflamaciones a lo largo de todo el cuerpo. Fueron ellos, también, los que la convencieron de que debía denunciar, a pesar de que ella se resistía. Esta vez dio el paso.
Sin embargo, esta denuncia lejos de un fin, supuso el principio de otros tres largos años de calvario que aún no ha terminado. Un calvario judicial, tal como relata la propia víctima y varias expertas en violencia de género, que ven en él un "caso de libro".
Imputada por agresión
La paliza tuvo lugar un sábado por la noche. El lunes siguiente, la primera vista en el juzgado de violencia de la Mujer nº 1 de Arganda del Rey, especializado en violencia de género. Ella acude con el cuerpo "machacado" aún por los golpes, lleno de hematomas y con el parte de lesiones del hospital donde la atendieron. Él reaparece con su abogada y presenta un parte de lesiones por unos arañazos en el cuello. La acusa de ser ella la que lo agredió. La jueza María Jesús López Chacón, acepta las denuncias cruzadas y los imputa a los dos con sendas órdenes de alejamiento. Isabel pasa en este acto de posible víctima de violencia de género a imputada por maltrato en el ámbito familiar con una posible pena de varios meses de prisión. Esta situación se prolonga a lo largo de todo el proceso que dura cerca de tres años.
"Él utiliza la estrategia de denuncia cruzada", afirma Marisa Soleto, presidenta de Fudación Mujeres. Es una práctica ya identificada en los casos de violencia de género y que se ha incrementado en los últimos años. Tanto, que el Poder Judicial la incluye en una guía en la que advierte a jueces y magistrados estar atentos a este tipo de denuncias falsas y "la conveniencia de cribar la razonabilidad de la denuncia cruzada, como filtro antes de imputar sorpresivamente a quien ha comparecido como víctima". La guía los exhorta a “actuar con especial cautela para evitar que las víctimas de estos delitos puedan verse imputadas por delitos de violencia doméstica ante cualquier manifestación meramente defensiva por su parte [del maltratador]”.
"Lo que pasó Isabel ha sido un calvario, por el que estuvo a punto de salir condenada por el tema de lesiones, cuando lo que ella refiere es, en realidad, un maltrato de libro"
"Lo que pasó Isabel ha sido un calvario, por el que estuvo a punto de salir condenada por un tema de lesiones, cuando lo que ella refiere es, en realidad, un maltrato de libro", añade Soleto.
"¿Qué es juzgar?", se pregunta Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y se contesta: "Es aplicar la norma, pero al mismo tiempo que la aplican, los jueces la tienen que interpretar, y cada uno la interpreta de acuerdo con la ideología que tiene. Los maltratadores denuncian un arañazo en la cara para intentar que el caso no se trate como violencia de género, sino como una disputa doméstica, donde uno y otro tienen la misma culpa. Isabel es un ejemplo de centenares de mujeres a las que les ocurre lo mismo, que se las interrumpe, que no se las escucha y que se las trata como si ellas fueran las responsables de la violencia que sufren", añade Pérez del Campo.
"He sufrido una pena de banquillo de tres años. Todo porque la jueza de violencia no hizo lo que tiene que hacer. Yo llegué con una paliza en el cuerpo y él, que me saca 20 centímetros de altura, que es karateca y que tiene una estupenda forma física, con uno mínimos arañazos que yo no le hice", comenta Isabel que describe este como el principio de su "calvario judicial".
Condena y suspensión de entrada en prisión
La instrucción del caso, realizada por el juzgado de violencia de género nº 1 de Arganda del Rey, pasa finalmente al juzgado de lo penal nº 4 de Alcalá de Henares en mayo de 2016. En un procedimiento abreviado y en vistas a los hechos remitidos, la jueza considera que no existe base para enjuiciar a Isabel por lo que la absuelve del delito de malos tratos en el ámbito familiar. Pero afirma que queda probado que su expareja, J.C.E. es culpable de "un delito de malos tratos habitual". Según la instrucción recibida, la jueza de lo penal decreta probado que ha existido maltrato psicológico continuado y, al menos, un episodio de maltrato físico. Por estos hechos lo condena a una pena de prisión de dos años, nueve meses y un día. Esta sentencia será ratificada por la Audiencia Provincial el pasado mes de octubre, pasando a ser una condena firme.
"Me absolvió a mí de todo y lo condenó a él por los dos únicos delitos que la jueza instructora nos ha dejado juzgarle. Porque mi abogado y yo habíamos acusado a mi expareja de muchos más delitos que la jueza instructora de Arganda del Rey finalmente no incluyó en la instrucción", apunta Isabel.
En su sentencia, la jueza de lo penal establece dos penas. Una de dos años por maltrato habitual y otra de nueve meses y un día por la agresión.
Sin embargo, a finales de diciembre pasado, un auto emitido por la magistrada de ejecutorias del mismo juzgado de Alcalá de Henares, concede la suspensión de prisión por un período de dos años en virtud de la “reinserción social” cuando se cumplen determinados requisitos y “cuando no existe un pronóstico de reincidencia en el futuro”. Para adoptar esta resolución, según afirma el auto al que ha tenido acceso Público, se “valorará las circunstancias el delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales...”
Tanto el abogado de Isabel, como las personas consultadas por este diario, afirman estar sorprendidas por este auto. En términos generales, el Código Penal estipula que esa medida se aplique a penas inferiores a los dos años de prisión. Sin embargo existe una excepción que permite a los jueces decretar la suspensión cuando cada una de las condenas no sea superior a dos años y que concurran ciertos requisitos. Este auto ha sido recurrido por Isabel y está a la espera de resolución.
Lo que no tiene en cuenta este auto, porque los hechos no están detallados en la instrucción remitida desde el juzgado de violencia de Aranda del Rey, es que existen otros procedimientos abiertos contra J.C.E que aún no han tenido respuesta.
Según relata Isabel, ella denunció en cuatro ocasiones a su expareja por quebrantar la orden de alejamiento de 500 metros que tiene impuesta desde que comenzó el proceso judicial. Tres de ellas, cuenta, fueron destinadas, pero una sigue su curso en el juzgado de violencia de Arganda. Sucedió un día de septiembre en que fue a buscar a sus hijas al colegio (tiene una hija en común con el condenado y otra de un matrimonio anterior). Entonces, afirma, él apareció y se colocó delante del coche con actitud amenazante, que la obligó a pegar un frenazo y le generó un estado de ansiedad que provocó un leve accidente. Fue trasladada a urgencias en ambulancia ante el estado de ansiedad que sufría.
Otra de las causas pendientes se refiere a una denuncia que presentó por amenazas en mayo pasado. Justo después de producirse la condena de su expareja encontró en la mochila del colegio de su hija unas letras que, juntas, forman la palabra "muerte" y afirma que la niña le contó que su padre le había dicho "mamá va a sufrir mucho". Según Isabel, tanto la niña como las profesoras niegan que las letras salieran de la clase.
¿Es que no tiene bastante con la condena?
Fue entonces cuando solicitó un cambio del régimen de visitas de su hija con su padre condenado por malos tratos. Desde que se inició el proceso, el juzgado de violencia mantiene un régimen de visitas que ella considera propio de un "divorcio de mutuo acuerdo" y no de un caso de violencia de género. "Él ve a la niña los martes y jueves de 5 a 8, fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones", comenta. Lo que solicita, ante lo que considera amenazas y el temor de que su expareja utilice a la niña como forma de hacerle daño a ella, es que estas visitas se reduzcan y que sean vigiladas.
España ya fue condenada en 2014 por Naciones Unidas por un caso de características similares (el de Ángela González Carreño) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) solicitó a nuestro país que pusiera las medidas necesarias para que los antecedentes y condenas por malos tratos sean un factor determinante a la hora de decidir las visitas y custodias.
La legislación española recoge esta precaución. La modificación de la ley de la infancia y la adolescencia reconocen desde 2015 a los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas directas de violencia de género, al tiempo que recuerda que los jueces siempre deben pronunciarse sobre las medidas cautelares que les afectan. Sin embargo, la laxitud de la ley tiene como consecuencia que estas medidas de protección se apliquen en contadas ocasiones, tal como afirman muchas expertas en violencia de género.
El pacto de Estado contra la violencia machista aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre propone medidas más duras para establecer las visitas y custodias de niños hijos de víctimas de violencia machista. Sin embargo, este pacto aún no ha entrado en vigor ni el Gobierno ha dado pasos para financiar las 26 primeras medidas que deberían comenzar a aplicarse este trimestre, tal como acordó con las comunidades autónomas.
"El tema de los menores es altamente preocupante", afirma Pérez del Campo. Esta semana se difundía en los medios el caso de dos menores secuestrados por su padre condenado en firme por violencia de género. "Pero una y otra vez vemos como los tribunales siguen concediendo visitas como si se tratara de divorcios amistosos", añade. "Los juzgados se resisten mucho a la retirada de custodias y visitas, y no digamos a la de las patrias potestades", explica Soleto.
Según relata Isabel, la denuncia que puso por las amenazas ha dado varios tumbos y aún está sin resolver. "En lugar de ver el caso en el juzgado nº 1 de violencia, la jueza lo envía a un juzgado de lo penal. Allí un juez afirma que ve indicios de delito, de criminalidad y de peligro para la niña y abre diligencias previas. Sin embargo, lo devuelve al juzgado nº 1 de violencia de Arganda porque entiende que es allí donde se debe ver este caso. Esto ha sido en mayo y aún estamos esperando que se decida qué juzgado es el competente para ver las amenazas. Está parado", afirma Isabel.
Otra de las medidas solicitadas para modificar el régimen de visitas fue una vista con la fiscal. Esta se produjo a principios del mes de julio pasado. Una sesión dura, en la que la fiscal actúa de forma agresiva y contundente con Isabel, e incomprensible para todas las personas consultadas por este diario. Tanto que se presentó una queja ante la fiscalía de Madrid, que fue archivada. Este órgano considera que la fiscal actuó de forma "correcta y respetuosa" y que de las grabaciones no puede "inferirse la existencia de un prejuicio o animadversión hacia la denunciante", ni que la tratara de "manera desconsiderada".
Sin embargo, en la grabación, que dura cerca de hora y media, la fiscal interrumpe reiteradamente a Isabel, le pide a la jueza que la reconvenga por sus gestos y acaba pidiéndole que abandone la sala durante un rato.
En la vista, según el vídeo al que ha tenido acceso Público, la fiscal afirma que no se ha acreditado ni una mínima situación de riesgo para la menor y afirma que el haber estado en la vista ha sido una "total pérdida de tiempo". "¿Es que usted no tiene bastante con una sentencia condenatoria en el ámbito penal? ¡Usted quiere más! Yo creo que la represalia es respecto de la parte actora [Isabel] que quiere ir ahora contra el padre porque le ha parecido insuficiente la condena... que ahora le quiere quitar a la menor. Y está jugando con todos, teniéndonos aquí no sé si llevamos dos horas aquí sentados. Me parece una cosa denigrante..." afirma la fiscal, entre otras cosas, en sus conclusiones finales dirigiéndose directamente a Isabel.
No sólo la actitud de la fiscal y del procedimiento en este caso ha levantado indignación entre las organizaciones de mujeres y expertas en la lucha contra la violencia de género. También la puesta en escena. En el vídeo se ve cómo Isabel, una víctima de violencia machista, está literalmente metida dentro de una caja para separarla de la vista de su expareja. "En otros juzgados hemos visto que hay biombos de separación, pero aquí llama poderosamente la atención esta caja de madera, esta especie de ataúd en la que está metida ella", afirma Soleto.
Todas las expertas consultadas por Público afirman que es necesario poner el foco en la protección de los menores. El año pasado ocho hijos e hijas de víctimas de violencia de género fueron asesinados por sus padres o las parejas de sus madres -la cifra más alta de la que se tiene registro-. Si no ponemos medidas, si no se entienden los mecanismos de la violencia vicaria (aquella que se ejerce a terceros para hacer daño a la mujer) será muy difícil acabar con este drama.
"Todo parece indicar que la suspensión de la pena de prisión tiene como finalidad casi exclusiva el no interrumpir las visitas. No interrumpir el contacto con la hija, lo que son doble o triples saltos de lo que está pasando en los juzgados", afirma una experta. "Después cuando ocurre una tragedia nos preguntamos porqué", afirma Soleto, "pero se están dando las condiciones para que siga sucediendo. De hecho lo raro es que no suceda más seguido", concluye.
MARISA KOHAN
@Kohanm
La educación, un arma contra la violencia de género y otras conductas destructivas en adolescentes
La ONG INPAVI previene conductas machistas y otros problemas que afectan a los jóvenes como bullying, sexting o el grooming gracias a su programa 'Valor-Arte'
La ONG Integración para la Vida Málaga (INPAVI) acaba de finalizar una nueva edición de su programa 'Valor-Arte' (prevención y detección de la violencia de género y de otras conductas destructivas en adolescentes) con el que ha llegado, durante seis semanas, a más de 200 niños del Colegio de Educación Infantil y Primaria Carmen de Burgos de la capital y al Colegio Alemán de Málaga (Marbella). Los escolares de quinto y sexto de Primaria han participado en de seis talleres en total, con métodos de aprendizaje participativo, reflexivo e innovador.
El objetivo de 'Valor-Arte' no es sólo ayudar a los chicos preadolescentes a que identifiquen qué es y cómo se manifiesta la violencia de género y las otras conductas destructivas (bullying, ciberbullying, grooming, sexting…), sino también a que sepan hacerle frente y se conviertan ellos mismos en mediadores para ayudar a los de su alrededor.
Gracias a la metodología participativa, artística y audiovisual los alumnos pudieron resolver sus dudas y aprender a enfrentar estas problemáticas. Además, dentro de 'Valor-Art'e también se impartió el taller 'El Mundo Virtual' a los padres y madres del C.E.I.P. Carmen de Burgos donde se abordaron las adicciones a las nuevas tecnologías y sus consecuencias.
Los temas a tratar se dividieron por sesiones, siendo la violencia de género el que ocupó el primer encuentro. Después, los alumnos reflexionaron sobre las adicciones a las redes sociales y los videojuegos a través de un test de autoevaluación, en el que pudieron detectar signos de dependencia real a estas plataformas virtuales y riesgos que conllevan. Por último, en la tercera sesión pudieron entender qué es y qué hacer cuando identifiquen casos de bullying, ciberbullying y grooming. En el caso del C.E.I.P. Carmen de Burgos éste fue su segundo año en contar con 'Valor-Arte' en las aulas, lo que llevó a los alumnos que repetían el taller a abordar otras problemáticas actuales como la violencia entre compañeros, amigos tóxicos y buenos amigos o el sexting y sus consecuencias; y aprender a resolver conflictos entre ellos de una forma saludable.
Uno de los puntos clave fue la prevención de los peligros de hablar con desconocidos, ya que el falso control que les das las redes sociales y los videojuegos, les hace ser inconscientes e ingenuos respecto a quién es realmente su “amiga/o virtual”, según explican desde la entidad. Los talleres fueron impartidos por dos una educadora social y una periodista de INPAVI y contaron con el patrocinio de la iglesia Centro de Vida Cristiana, la Obra Social La Caixa y la Junta de Andalucía.
AMANDA SALAZARMálaga
lunes, 17 de abril de 2017
Incremento de las penas por violencia de género
VIOLENCIA DE GÉNERO
Según los datos facilitados por el grupo de expertos en Violencia Doméstica y de Género, las penas impuestas a los asesinos de género aumentan para situarse en una media de veinte años de prisión. Un incremento que contrasta con la disminución del número de denuncias previas al crimen y la reducción de la edad de las víctimas.
El grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Genéro ha analizado 38 resoluciones de violencia de género - 36 condenatorias, 29 por asesinato y 7 por homicidio -.El resultado refiere que la media en 2014 de la pena de prisión en asesinatos de violencia de género fue de 18 años mientras que en el año 2015 la media de las penas impuestas ha aumentado hasta los 20 años de cárcel. Este grupo de expertos está creado para colaborar y asesora al Consejo General del Poder Judicial y en la actualidad, está integrado por por seis magistrados y magistradas, participando en sus trabajos una letrada del Consejo.
Según informa el Consejo, cabe destacar que el grupo de expertos resalta el escaso porcentaje de denuncias previas en los crímenes y la reducción en la edad de las víctimas en un análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales de Jurado y las Audiencias Provinciales en el año 2015, relativas a homicidios y asesinatos consumados entre los miembros de la pareja o expareja y de los menores a manos de sus progenitores.
En el citado informe se comprueba la nula afectación de alteraciones psíquicas y de consumo de alcohol en los autores de crímenes por violencia de género, y alerta sobre el porcentaje de entrega voluntaria del autor. Un dato que demuestra que se beneficia de la atenuante del artículo 21 del Código Penal, cuya supresión para supuestos de violencia de género ya ha reclamado con anterioridad el Grupo de Expertos.
El responsable de los crímenes era español en 25 sentencias y extranjero, en 13. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 28 eran españolas y 11 extranjeras. La edad media de los autores fue de 42 años y medio y la de las víctimas experimentó un notable descenso con respecto a 2014 y se situó en torno a los 32 años, Un dato para resaltar ya que se trata de la media más baja registrada hasta ahora, dado que dos de las víctimas eran adolescentes.
Respecto a años anteriores, aumenta el porcentaje de crímenes en situaciones en que se mantenía la relación de afectividad o convivencia de la pareja, que en 2015 sucedió en el 76 por ciento de los casos. Además, un 73 por ciento de las víctimas tenía hijas o hijos. De los 37 hijos que se recogen en las sentencias analizadas, 23 eran menores de edad y diez de ellos tenían menos de 10 años.
Disminuye la denuncia previa
El Grupo de Expertos pone un especial énfasis en el reducido porcentaje -apenas un tres por ciento- de denuncias previas en los crímenes de género analizados,
y resalta la necesidad, por una parte, de mejorar la información a las víctimas acerca de los cauces para denunciar y los instrumentos y herramientas legales para su protección, y por otra parte, de mejorar los canales de detección de situaciones de riesgo.
El análisis del grupo de expertos se cierra con las nueve sentencias que se dictaron en materia de violencia doméstica, todas ellas condenatorias, seis por asesinato y tres, por homicidio.La autoría de estos crímenes se atribuyó en seis casos a una mujer, pareja o expareja de las víctimas mortales y en tres casos a un varón, también pareja o expareja de la víctima. Todas las víctimas eran españolas. La convivencia afectiva se mantenía en cinco casos.
El responsable de los crímenes era español en 25 sentencias y extranjero, en 13. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 28 eran españolas y 11 extranjeras. La edad media de los autores fue de 42 años y medio y la de las víctimas experimentó un notable descenso con respecto a 2014 y se situó en torno a los 32 años, Un dato para resaltar ya que se trata de la media más baja registrada hasta ahora, dado que dos de las víctimas eran adolescentes.
Respecto a años anteriores, aumenta el porcentaje de crímenes en situaciones en que se mantenía la relación de afectividad o convivencia de la pareja, que en 2015 sucedió en el 76 por ciento de los casos. Además, un 73 por ciento de las víctimas tenía hijas o hijos. De los 37 hijos que se recogen en las sentencias analizadas, 23 eran menores de edad y diez de ellos tenían menos de 10 años.
Disminuye la denuncia previa
El Grupo de Expertos pone un especial énfasis en el reducido porcentaje -apenas un tres por ciento- de denuncias previas en los crímenes de género analizados,
y resalta la necesidad, por una parte, de mejorar la información a las víctimas acerca de los cauces para denunciar y los instrumentos y herramientas legales para su protección, y por otra parte, de mejorar los canales de detección de situaciones de riesgo.
El análisis del grupo de expertos se cierra con las nueve sentencias que se dictaron en materia de violencia doméstica, todas ellas condenatorias, seis por asesinato y tres, por homicidio.La autoría de estos crímenes se atribuyó en seis casos a una mujer, pareja o expareja de las víctimas mortales y en tres casos a un varón, también pareja o expareja de la víctima. Todas las víctimas eran españolas. La convivencia afectiva se mantenía en cinco casos.
Datos sobre menores de edad
El Informe recupera el análisis de las ocho sentencias que se dictaron en los órganos judiciales en relación con menores muertos a manos de sus progenitores. Murieron nueve menores, ya que en un mismo suceso se contabilizaron dos menores asesinados. Dos de las sentencias calificaron los hechos como homicidios imprudentes, y las seis restantes los consideraron como asesinato.
La autoría de esos seis asesinatos se atribuyó en dos casos a una mujer, madre del o la menor, en otros tres casos a un hombre, padre o pareja sentimental de la madre, y en un caso se consideraron criminalmente responsables a los dos miembros de la pareja.
Los menores fallecidos no pasaban en ningún caso de los 11 años de edad y todos eran de nacionalidad española.
El Informe recupera el análisis de las ocho sentencias que se dictaron en los órganos judiciales en relación con menores muertos a manos de sus progenitores. Murieron nueve menores, ya que en un mismo suceso se contabilizaron dos menores asesinados. Dos de las sentencias calificaron los hechos como homicidios imprudentes, y las seis restantes los consideraron como asesinato.
La autoría de esos seis asesinatos se atribuyó en dos casos a una mujer, madre del o la menor, en otros tres casos a un hombre, padre o pareja sentimental de la madre, y en un caso se consideraron criminalmente responsables a los dos miembros de la pareja.
Los menores fallecidos no pasaban en ningún caso de los 11 años de edad y todos eran de nacionalidad española.
viernes, 10 de febrero de 2017
El Observatorio de Violencia de Género pide que un abogado asista a la víctima antes de denunciar
El organismo del Poder Judicial aprueba sus propuestas para el pacto de Estado contra las agresiones machistas.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial propondrá al Congreso de los Diputados que las víctimas de violencia machista cuenten con la asistencia de un abogado en toda declaración policial y judicial. De este modo, se pretende que las víctimas tengan asistencia letrada incluso antes de interponer la denuncia.
Esta es una de las propuestas que el Observatorio llevarán a la subcomisión parlamentaria en la que se va a articular un pacto de Estado contra la violencia machista. El poder judicial también apostará por incluir en la ley integral de 2004 las nuevas conductas consideradas violencia sobre la mujer en el Convenio de Estambul (como la violencia sexual o la mutilación genital femenina) y pedirá a los diputados que impulsen la integración de todos los sistemas informáticos de los organismos implicados en la lucha contra la violencia de género.
Un representante de cada una de las instituciones que integran el Observatorio comparecerá en los próximos días ante la subcomisión para el pacto de Estado contra la violencia de género.
A la reunión de este jueces asistieron el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza y representantes de los Ministerios de Justicia, de Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También estuvieron representantes de la Consellería de Justicia de la Generalitat de Cataluña -en representación de los gobiernos de las doce comunidades autónomas con las competencias transferidas en materia de justicia- y de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de España
Suscribirse a:
Entradas (Atom)