La manera de acabar con la violencia de género es "romper la cadena generacional"

Fuente: http://www.telecinco.es

En los últimos nueve años han sido asesinadas 631 mujeres, según el informe 'Mujeres asesinadas por su pareja. España 2000-2009'. Este 2010 no ha terminado y ya son 71 las mujeres a las que su pareja o ex pareja les ha arrebatado la vida. La ley contra la violencia de género se aprobó en 2004 y tan sólo se ha reducido en un 8,3 %,, por lo que cabe preguntarse qué está fallando.

En opinión del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente, más que fallar lo que ocurre es que "lo que está funcionando no ha llegado todavía a todos los sitios".

En esta línea señala que en 2010 la edad de las víctimas era superior, la mayoría no había denunciado y más del 70 % seguía conviviendo con su agresor cuando ocurrieron los hechos.

A esto, hay que sumar, según el criterio de Llorente, dos puntos claves más. Por un lado, se ha incrementado el número de mujeres inmigrantes, con lo que "hay que impulsar medidas concretas de concienciación para estos sectores". Por otro, hay un mayor número de personas que justifican determinadas conductas violentas. Algo en lo que coincide con Soledad Murillo, miembro de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

"Sale muy barato", apostilla Murillo, "insultar a la mujer" y esto, opina, es lo que contribuye a que las mujeres maltratadas no denuncien.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (correspondientes al segundo trimestre del año) el número de denuncias fue de 34.256. Dato que comparado con 2009 supone un retroceso del 2,08 %.

Daños colaterales: las otras víctimas

Cuando una mujer padece malos tratos la familia y los amigos sufren por lo ocurrido. Si la pareja tiene hijos éstos "no son meros testigos de la violencia, son víctimas" apuntan desde la organización Save the Children, "y queremos que dejen de ser invisibles".

La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, asegura que los niños suelen ser utilizados "como medio e instrumento para ejercer control y hacer daño a la madre".

Aído añade que para acabar con la violencia machista "es necesario romper la cadena generacional" para evitar que repitan las conductas que vieron de desprecio y malos tratos del padre hacia la madre.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado un acuerdo para impulsar un conjunto de reformas legislativas que permitan luchar de manera más eficaz contra esta lacra y ha dado prioridad a la protección de los menores que sufren sus consecuencias de manera directa o indirecta.

El origen del 'mal'

Y es que es precisamente en la base, en la educación, en el desarrollo de una persona cuando se le pueden inculcar unos u otros valores.

En nuestro país, el 13,1% de los adolescentes reconoce que en alguna ocasión han ejercido conductas violentas hacia las chicas con las que tenía una relación o con quien querían tenerla. Así lo desvela el estudio 'Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia'.

Además, el 3,2% de estos jóvenes ha reconocido que ha maltratado con frecuencia respaldándose en el sexismo, la violencia en general y la de género.

El informe concluye que la mentalidad machista que subyace en nuestra sociedad tras la violencia de género es el principal riesgo desde la adolescencia. De ahí la importancia de acabar con la cadena generacional, como apuntaba Aído.

La custodia de los hijos

Tratando de dar un paso más en este camino que apuntamos, desde el Gobierno han decidido lanzar una reforma para que una persona no pueda ejercer la custodia individual de los hijos, tras una separación o divorcio, si está imputada como presunto autor de malos tratos hacia su pareja.

Además, el Ejecutivo introducirá reformas legales para impedir que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia machista puedan heredar el patrimonio de la víctima.

El enemigo se encuentra cerca

Aunque parezca extraño, las mujeres españolas se encuentran más seguras en la calle que en su propia casa.

Y es que según el III Informe Internacional 'Violencia contra la mujer en las relaciones de Pareja', elaborado por el Centro Reina Sofía, las españolas corren más peligro de ser asesinadas por un familiar, por su pareja o ex pareja que por un desconocido.

En concreto en España, siete de cada diez mujeres mueren a manos de un familiar. Lo que sitúa a nuestro país en quinto lugar, ya que durante los seis años analizados por el estudio, es el que más ha incrementado.

Vivir en paz

Desde que se aprobó la ley contra la violencia de género, en 2004, el número de víctimas se ha reducido en un 8,3%, pero queda mucho por hacer.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, considera que la norma "es un instrumento legal completo" pero que lo que hay que tener en cuenta es si se está aplicando "correctamente o si hay los medios suficientes".

También considera "crucial" que la asistencia jurídica se dé en el mismo momento en el que una mujer interpone la denuncia.

Porque ya es bastante complicado que de ese paso, reitera el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, cuando explica que nos enfrentamos a mujeres que ven "cierta normalidad" en esas actitudes violentas.

Además, Llorente constata que hay mujeres que no quieren separarse por una serie de elementos culturales, sin darse cuenta de que la denuncia es el medio "para estar en paz".

Primera víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año en la región

En la última década han fallecido 8 víctimas a manos de sus parejas o ex parejas

NATALIA REIGADAS | BADAJOZ.

Hay un 'mapa de la vergüenza' donde, mediante lazos negros, se marcan las ciudades españolas donde han perdido la vida mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en 2010. Los crespones se amontonan en el País Vasco, Cataluña y Madrid y salpican gran parte de la geografía española, pero hasta ayer, Extremadura permanecía limpia. La muerte de Nadia, de 44 años, ha acabado con esta imagen. Es la primera víctima de violencia machista en la región este año y la número 70 en España.

Extremadura es una de las comunidades autónomas con menos denuncias y menos muertes de este tipo. De hecho, el año pasado fue el único destino nacional, junto con Ceuta, en el que hubo una única víctima mortal. Fue Isabel A. B., de 54 años, que fue asesinada por su marido, de 67, en Las Casillas, una pedanía de Valencia de Alcántara. El crimen tuvo lugar el 11 de abril y desde entonces han pasado 20 meses sin fallecidas por violencia machista en la región.

En total, en los últimos 8 años han muerto 8 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en Extremadura, una cifra menor a la de la mayoría de las autonomías españolas. De hecho, en 2001, 2005, 2007 y 2008 no se produjo ningún crimen de este tipo.

En el resto de la década, exceptuando 2004, en el que hubo dos muertes, el resto de los períodos solo contabilizaron una. 2010 parecía que iba a sumarse a la lista de años sin víctimas, pero el asesinato de ayer en Badajoz vuelve a poner de manifiesto este problema.

Las muertes son escasas, pero la violencia machista es una lacra muy presente. Según los últimos datos, presentados el 24 de noviembre pasado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, un total de 1.420 extremeñas están protegidas por una orden de alejamiento similar a la que tenía la víctima de ayer.

Las cifras de órdenes ponen de manifiesto que ha habido un aumento del 5,1% (70 más que en 2009) de estas medidas de protección que se distribuyen de forma desigual por la geografía extremeña. Ya que en total se dictaminaron 903 en la provincia de Badajoz y 517 en la de Cáceres.

Preocupa el alto porcentaje de mujeres extranjeras que al igual que Nadia Sabir son víctimas de la violencia machista en la región: una de cada cinco.

Además de las órdenes de alejamiento existen otras medidas de protección a las que pueden acogerse las mujeres maltratadas. Por ejemplo, la teleasistencia de la que se benefician actualmente unas 199 mujeres en la región o las pulseras de detección de proximidad, que se han concedido por el momento a seis personas.

Extremadura contará el año que viene con más de 30 millones de euros para continuar atajando este frente. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género invertirá la mayor parte en asistencia a las víctimas, mientras que dos partidas idénticas, de 8,5 millones respectivamente serán para concienciación social, teléfono de atención a maltratadas y protección y seguridad de las mismas.

Ante todo, denunciar

La esperanza ante esta situación trágica se fundamenta en que el número de mujeres que formulan denuncias por violencia machista ha aumentado en la región: el 0,6% en el último año y también los detenidos por esta causa han aumentado, el 4,6%.

Los expertos insisten en la importancia de denunciar a los maltratadores a la hora de ponerle cerco a esta lacra de la sociedad, que se alimenta de la ley del silencio.

Además, según los datos hechos públicos por el Observatorio Nacional de la Violencia de Género, casi todas los denunciantes extremeñas siguen adelante con el proceso judicial una vez que deciden dar el primer paso de denunciar, otro concepto positivo a la hora de abordar los resultados sobre la lucha contra el maltrato.

Además de los números de teléfono que hay disponibles, también se puede acudir a cualquier otro servicio de atención a la ciudadanía (centros de salud y consultorios médicos, policía local y nacional; Guardia Civil; casas de la mujer de Badajoz y Cáceres, oficinas de Igualdad y violencia de género en cada una de las mancomunidades, servicios sociales, etc.), desde los que se activan todos los dispositivos de la red de atención a las víctimas.

La Eurocámara aprueba proteger a las maltratadas fuera de su país

Fuente: El País

Ayer, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que da solución a estos casos: una orden de protección europea, que supone que cualquier medida de salvaguarda dictada en un país debe ser válida también en el resto de la UE.

Rasa quería viajar con sus hijos a España, pero el miedo le podía. Tenía pánico a que su ex pareja la encontrara. La orden de protección que la salvaguarda en su país, Holanda, no tiene vigencia en el resto de la UE. Su caso no es único. En la UE, solo en 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos, según las cifras manejadas por las instituciones comunitarias. No hay datos de cuántas se trasladaron de un país a otro, pero se cifran en cientos. Ayer, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que da solución a estos casos: una orden de protección europea, que supone que cualquier medida de salvaguarda dictada en un país debe ser válida también en el resto de la UE.

La iniciativa, rodeada de polémica desde que nació como proyecto estrella de la presidencia española hace casi un año, debe aprobarse todavía en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, un órgano en el que aún no ha encontrado los suficientes apoyos. Hace unos días, el rechazo de Holanda obligó a suspender la votación por parte de los ministros de los Veintisiete.

La orden europea de protección, que empezó siendo una directiva destinada a la protección de las víctimas de la violencia machista, ha pasado a incluir también a otras víctimas -de terrorismo, crímenes de honor o mutilación genital, por ejemplo- con especial atención a los menores. No implica que si una mujer tiene en España una orden de protección consistente en un brazalete electrónico tenga que tener la misma si se va a República Checa, por ejemplo. "Deben ser medidas equivalentes pero no idénticas. Lo importante es que la víctima esté protegida", dice la eurodiputada popular Teresa Jiménez-Becerril.

"Aunque la situación jurídica es distinta y, de hecho, la directiva no pretende una armonización de los sistemas de Justicia de la UE, sí debe haber un instrumento jurídico válido para toda la Unión", sostiene la eurodiputada socialista Carmen Romero, la otra ponente de la directiva.

La fórmula podría ayudar a Micaela. Esta mujer rumana de 38 años, que no quiere dar su apellido, fue maltratada por su esposo. Tras cinco años de sufrimiento dio el paso y le denunció. El juez le concedió medidas de protección. Su ex esposo, español, no puede acercarse a ella. Pero Micaela, que ahora tiene un niño de tres años y que lleva 16 meses recibiendo asistencia psicológica de una organización de ayuda a las víctimas de la violencia machista, quiere volver a su país. "Quiero irme con mi madre allá, aquí estamos solos mi hijo y yo. Echo de menos a mi familia", explica por teléfono. No se siente con fuerzas para hacerlo. "Si él quiere me podría encontrar", dice. En Rumanía no sirven las medidas dictadas por el juez. Si se llega a aprobar la directiva, Micaela podría solicitar una orden europea de protección si decide volver a su país. En este caso sería España el país encargado de emitir la orden y transmitirla al país al que vaya a trasladarse. Su situación no es aislada. Unas 8.000 mujeres rumanas se han beneficiado de órdenes de protección en España, según datos de Justicia. No se barajan muchas más cifras. Y es que en muchos países de la UE no se contabilizan estos datos, algo que pretende atajar la directiva.

Todo está ahora en manos del Consejo de Ministros, después de meses de polémica y sobresaltos. Ya en junio siete países-Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- votaron en contra. Algunos, como Alemania, alegan dificultades técnicas y de compatibilización de sistemas. En ciertos Estados, las medidas de protección son dictadas por una autoridad penal (como en España) y, en otros, son tratadas por la vía administrativa o civil.

"En lugares como Alemania, donde estas medidas funcionan muy bien, tienen miedo de que la orden europea les ralentice", revela Jiménez-Becerril, una de las dos ponentes del texto. En ese país, por ejemplo, es una autoridad civil quien dictamina las medidas de protección, que pueden llegar incluso al desalojo del agresor de su casa (aunque sea de su propiedad) durante un tiempo, como una medida cautelar.

Otros países van más allá. Reino Unido sostiene que esta directiva puede tocar cuestiones de soberanía. También la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, la luxemburguesa Viviane Reding (Partido Popular Cristiano), se ha mostrado contraria a la directiva desde el principio, llegando a enfrentarse con el ministro de Justicia español. Reding sostiene que la norma no está completa y que hay "enormes dificultades técnicas" para ponerla en marcha. "Es necesario hacer mucho trabajo antes de poner en marcha una directiva como esta. Es necesario recopilar datos y hacer un estudio de impacto", insistió ayer. Reding prepara además una propuesta alternativa a esta euroorden de protección "más fundamentada, auditada, respaldada por informes", que tendrá, además, "una correcta base legal", dijo.

Romero cree que el estudio de impacto es una "coartada" para ralentizar la aprobación de esta euroorden. Opina que detrás de algunos argumentos que aluden a dificultades técnicas se esconde también una motivación económica que busca eludir estos gastos. "Esto es verdaderamente un problema de voluntad política", afirma.

"El parlamento, la voz de los ciudadanos, ya ha dado su mensaje. La orden de protección es necesaria. Ahora les toca a ellos escuchar", pide Jiménez-Becerril. Y esto será previsiblemente en enero, cuando el Consejo de Ministros de Justicia e Interior decida si escucha al Parlamento y retoma la iniciativa o se deja de lado definitivamente. El panorama no es muy halagüeño. Hungría, que ostentará la presidencia de la UE los seis primeros meses de 2011, es uno de los países contrarios a la directiva.

El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene que el bronco debate sobre la euroorden despertado por la Comisión le ha hecho un flaco favor a la directiva que tan vivamente impulsó España. Ahora, tras la negativa de unos, toca "buscar nuevos apoyos", dice.

Medidas de protección para las víctimas
- En 2008, se dictaron en la UE 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos. Solo en España, desde la entrada en vigor de la ley integral de violencia de género (en 2005) hasta el segundo trimestre de 2008, se han adoptado 83.968.

- 68 mujeres han muerto en España asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año. Las organizaciones no gubernamentales elevan la cifra en toda Europa a 2.000. No hay datos oficiales.

- La euroorden busca asegurar que la protección que recibe en un Estado miembro cualquier víctima de la violencia (desde agresiones machistas a crímenes de honor, mutilación genital o terrorismo) se aplique en cualquier otro país de la UE al que la persona se traslade.

- Solo se podría dictar una orden europea de protección previamente adoptada en un Estado miembro: órdenes de alejamiento, prohibición de ir a lugares que frecuenta la persona protegida o de mantener cualquier tipo de contacto con ella.

- Las autoridades del país de acogida de la víctima no estarían obligadas a aplicar siempre la misma medida del Estado que emite la orden, sino que tendrían "un margen discrecional" para adoptar una similar.

La violencia de género es la tercera causa de ingreso de hombres en prisión en España

Fuente: http://www.rtve.es

La subdirectora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del Ministerio del Interior, Concepción Yagüe Olmos, ha indicado este martes que la violencia de género es, por importancia, la tercera causa de ingreso en prisión de hombres en España, después de los delitos socioeconómicos y contra la salud pública.

Un total de 3.800 varones que han ingresado en el sistema penitenciario español lo han hecho por un delito de violencia de género, lo que representa el 6% de los 64.698 hombres condenados por diferentes delitos con penas de prisión.

Además, en lo que concierne al presente año 2010, un 10% de los hombres que han entrado en el sistema penitenciario están relacionados con casos de violencia contra las mujeres.

De anécdota a tercera causa
"De ser algo anecdótico, el delito de violencia de género es hoy la tercera causa que trae a los hombres a prisión", ha señalado Yagüe durante su intervención en el I Congreso para el Estudio de la Violencia contra las mujeres.

Esto se debe, ha señalado, a que "ha aumentado la sensibilización social, lo que ha traído como consecuencia un aumento muy significativo de las denuncias contra lo agresores y las condenas".

Concretamente, ha precisado, en los últimos dos años ha aumentado en un 43% el número de personas recluidas por violencia machista.

A estos hay que añadir, ha apuntado, otros muchos reclusos que además de cometer otras actividades delictivas importantes también se les ha imputado un delito de violencia de género.

De hecho, en total, a fecha de 15 de noviembre de 2010, 6.539 personas habían ingresado en prisión por un delito de violencia de género.

Causas de las penas
En cuanto a las causas concretas de ingreso en prisión, Yagüe ha señalado que el 28,2% han sido condenados por malos tratos habituales, mientras que un 16% han quebrantado las medidas de alejamiento o las penas impuestas, un 14% ha realizado amenazas, un 15% ha provocado lesiones en la víctima, un 4,8% ha sido autor de una agresión sexual, un 2,6% ha cometido un asesinato y un 3,7% es responsable de un homicidio.

La cuantía media de la pena de los sujetos estudiados era de tres años y diez meses y el 40% tenía penas inferiores a dos años.

En cuanto a distinción entre preventivos y penados, la mayoría eran penados, en concreto, sólo el 11,7% eran preventivos, motivado, generalmente, por los juicios rápidos.

Asimismo, ha informado que al 73% no se le había diagnosticado una psicopatología y sólo 15% tenía antecedentes de maltrato en su familia de origen.

Por otro lado, el 38% negaba directamente los hechos que se les imputan, mientras que el 60% lo reconocía pero la gran mayoría lo minimizaba o justificaba.