Fuente: http://www.abc.es
Profesionales de medicina forense evaluarán el riesgo que sufren las mujeres maltratadas en informes que emitirán en menos de 72 horas, y que serán complementarios a los que ya realizan las fuerzas de seguridad, a partir de un nuevo protocolo de actuación que previsiblemente se implantará a finales de este mes.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, ha presentado hoy este protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, que se realizará siempre que lo pida el juez correspondiente y en principio en las Comunidades Autónomas que no tengan transferidas sus competencias en Justicia.
Esta guía de recogida de datos se ha elaborado después de que lo solicitara el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien también ha comparecido junto a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán.
Para conocer y valorar el riesgo, los forenses contarán con este nuevo instrumento, que actualmente está en fase de borrador, pero que en dos o tres semanas será definitivo, después de que las Comunidades Autónomas y los expertos aporten sus sugerencias.
Las bases de esta nueva herramienta, que utiliza una metodología "con rigor científico" y permitirá "pautar los factores de riesgo", se remitirá al CGPJ para que lo difunda y recomiende a la carrera judicial.
El primer punto que abordarán los forenses serán las fuentes de información: entrevistarán y explorarán al agresor, al igual que a la víctima; tendrán las diligencias judiciales y el atestado policial; la documentación médica y psiquiátrica del imputado, y la versión de testigos y familiares.
Además, deberán contar con datos sobre los antecedentes de violencia no de género del agresor, su situación sentimental y laboral en el último año, su salud mental, además de sobre su historia de violencia contra la pareja.
También, deberán saber cuál es la percepción subjetiva del peligro por parte de la víctima, si ha habido tentativas de retirada de denuncias y sus condiciones personales, como si depende del agresor, para hacerse una idea de su vulnerabilidad.
Junto a esta información se incluirá otras pruebas complementarias, entre las que recomiendan las que se deriven de llamada Escala de Predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja elaborada por el doctor Echeburúa.
«Tiene cierto margen de error»
Con todo este material pautado emitirán sus conclusiones, que vendrán a ser como "una fotografía de la situación actual" del riesgo, porque las circunstancias pueden cambiar y podrían requerir nuevas valoraciones. "Esto no es una fórmula matemática, de valores absolutos. Tiene un cierto margen de error", ha advertido Hernández, al igual que Lorente.
"Conocer el riesgo es una garantía de seguridad y de protección para las mujeres que sufren violencia de genero y significa actuar sobre lo particular, las características de cada caso, y también sobre las circunstancias que generan riesgo", ha señalado Llorente, quien ha subrayado la importancia del factor tiempo en este asunto.
"El tiempo puede hacer que el refuerzo en la fuerza aparezca con intensidad más grave en el agresor y que la amenaza de riesgo, que siempre planea, se traduzca en eso, en agresión", ha comentado. Y "hay que proteger a las personas que han visto transgredidos sus derechos", ha recalcado la fiscal de Sala delegada para la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, quien ha coincidido en su apoyo a este protocolo que contará con una aplicación informática para introducir los datos a finales de año.
Crecen las denuncias por maltrato
Inmaculada Montalbán ha presentado un informe que señala que el número de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron a sus agresores creció en 950 (un 3% más que el trimestre inmediatamente anterior) durante el primer trimestre del año, mientras que descendió en un 3,6% el porcentaje de ellas que retira la denuncia y abandona el proceso judicial.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comentado que entre enero y marzo de 2011 se presentaron 32.492 denuncias por malos tratos en los juzgados españoles. Además, 3.577 de las mujeres que denunciaron a sus agresores retiraron su denuncia por presiones sociales o familiares, miedo o situación de dependencia.
Según Montalbán, estos datos muestran que las mujeres maltratadas se están decidiendo a acudir a las instituciones, y que el sistema judicial avanza "por el buen camino" en la lucha contra la violencia de género, pero ha subrayado que "hay que seguir trabajando".
Entre enero y marzo de este año, los juzgados españoles recibieron 5.900 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales se concedieron el 68%. Para la presidenta de este observatorio, esta cifra indica que "la respuesta judicial está siendo efectiva", pero ha recalcado la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, ya que el 35% de estas solicitudes fueron presentadas por extranjeras.
En total, los juzgados españoles con competencias de violencia de género enjuiciaron a 14.047 personas por malos tratos, mayoritariamente hombres (96,6%), y condenaron penalmente al 59% del total. Las comunidades autónomas en las que se presentaron más denuncias por malos tratos son Andalucía (6.891), Madrid (4.913), Valencia (4.622), Cataluña (4.296) y Galicia (1.363).
Esta guía de recogida de datos se ha elaborado después de que lo solicitara el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien también ha comparecido junto a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán.
Para conocer y valorar el riesgo, los forenses contarán con este nuevo instrumento, que actualmente está en fase de borrador, pero que en dos o tres semanas será definitivo, después de que las Comunidades Autónomas y los expertos aporten sus sugerencias.
Las bases de esta nueva herramienta, que utiliza una metodología "con rigor científico" y permitirá "pautar los factores de riesgo", se remitirá al CGPJ para que lo difunda y recomiende a la carrera judicial.
El primer punto que abordarán los forenses serán las fuentes de información: entrevistarán y explorarán al agresor, al igual que a la víctima; tendrán las diligencias judiciales y el atestado policial; la documentación médica y psiquiátrica del imputado, y la versión de testigos y familiares.
Además, deberán contar con datos sobre los antecedentes de violencia no de género del agresor, su situación sentimental y laboral en el último año, su salud mental, además de sobre su historia de violencia contra la pareja.
También, deberán saber cuál es la percepción subjetiva del peligro por parte de la víctima, si ha habido tentativas de retirada de denuncias y sus condiciones personales, como si depende del agresor, para hacerse una idea de su vulnerabilidad.
Junto a esta información se incluirá otras pruebas complementarias, entre las que recomiendan las que se deriven de llamada Escala de Predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja elaborada por el doctor Echeburúa.
«Tiene cierto margen de error»
Con todo este material pautado emitirán sus conclusiones, que vendrán a ser como "una fotografía de la situación actual" del riesgo, porque las circunstancias pueden cambiar y podrían requerir nuevas valoraciones. "Esto no es una fórmula matemática, de valores absolutos. Tiene un cierto margen de error", ha advertido Hernández, al igual que Lorente.
"Conocer el riesgo es una garantía de seguridad y de protección para las mujeres que sufren violencia de genero y significa actuar sobre lo particular, las características de cada caso, y también sobre las circunstancias que generan riesgo", ha señalado Llorente, quien ha subrayado la importancia del factor tiempo en este asunto.
"El tiempo puede hacer que el refuerzo en la fuerza aparezca con intensidad más grave en el agresor y que la amenaza de riesgo, que siempre planea, se traduzca en eso, en agresión", ha comentado. Y "hay que proteger a las personas que han visto transgredidos sus derechos", ha recalcado la fiscal de Sala delegada para la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, quien ha coincidido en su apoyo a este protocolo que contará con una aplicación informática para introducir los datos a finales de año.
Crecen las denuncias por maltrato
Inmaculada Montalbán ha presentado un informe que señala que el número de mujeres víctimas de violencia machista que denunciaron a sus agresores creció en 950 (un 3% más que el trimestre inmediatamente anterior) durante el primer trimestre del año, mientras que descendió en un 3,6% el porcentaje de ellas que retira la denuncia y abandona el proceso judicial.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comentado que entre enero y marzo de 2011 se presentaron 32.492 denuncias por malos tratos en los juzgados españoles. Además, 3.577 de las mujeres que denunciaron a sus agresores retiraron su denuncia por presiones sociales o familiares, miedo o situación de dependencia.
Según Montalbán, estos datos muestran que las mujeres maltratadas se están decidiendo a acudir a las instituciones, y que el sistema judicial avanza "por el buen camino" en la lucha contra la violencia de género, pero ha subrayado que "hay que seguir trabajando".
Entre enero y marzo de este año, los juzgados españoles recibieron 5.900 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales se concedieron el 68%. Para la presidenta de este observatorio, esta cifra indica que "la respuesta judicial está siendo efectiva", pero ha recalcado la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, ya que el 35% de estas solicitudes fueron presentadas por extranjeras.
En total, los juzgados españoles con competencias de violencia de género enjuiciaron a 14.047 personas por malos tratos, mayoritariamente hombres (96,6%), y condenaron penalmente al 59% del total. Las comunidades autónomas en las que se presentaron más denuncias por malos tratos son Andalucía (6.891), Madrid (4.913), Valencia (4.622), Cataluña (4.296) y Galicia (1.363).
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