Ocho años después de la Ley Integral
contra la Violencia de Género, ¿cómo se está entendiendo la violencia
machista? Realizamos un breve repaso por un mapa social de coordenadas
complicadas, donde los recortes sociales son la coartada perfecta para
una reacción de corte neomachista que considera que las mujeres tienen
demasiados derechos.
Discursos sociales: machismo a la defensiva
Hoy nadie manifiesta su apoyo abierto a la violencia contra las mujeres.
Lógico, la “violencia de género”, como se ha tipificado, está condenada
y penada institucionalmente. Pero si rascamos en las percepciones
sociales, afloran discursos comprensivos –cuando no de “aval explícito”–
hacia los hombres que ejercen violencia contra las mujeres.
Es lo que se ha encontrado el Colectivo de Investigación Sociológica
Ioé en su estudio sobre las actitudes de la la población ante la
violencia de género en España, recientemente publicado: “Todos estos
discursos tienen en común una minimización de la importancia de la
violencia masculina y una crítica constante a las políticas oficiales y a
la actitud de las mujeres, a las que en buena parte se les culpa de
actitudes que generan la reacción agresiva de los varones”. Estos
discursos del machismo resentido y a la defensiva, como los ha bautizado
Ioé, consideran que el contexto es fuertemente favorable a las mujeres y
llegan a percibir al hombre como una víctima de los excesos femeninos.
Encontrarse estas actitudes en figuras con responsabilidades como
jueces, abogados y abogadas, o dentro del profesorado es más grave aún.
“Esto no era lo que se quería con la Ley Integral contra la Violencia de
Género”, lamenta la jurista María Naredo, que acaba de publicar un
informe sobre la violencia institucional en tribunales especializados.
“La ley lo que quería era lograr la igualdad y prevenir y sancionar la
violencia de género, pero no ‘machacar a los hombres’ ni ‘dar demasiados
derechos a las mujeres’. Eso lo he oído ya tantas veces... y no
precisamente en la calle, sino en foros de profesionales. También el que
las mujeres migrantes obtienen el permiso de residencia por ser
víctimas de violencia de género. Entrevisté a una mujer dominicana que
me llegó al alma: ‘hasta quiero que nos quiten ese derecho para que nos
crean, que no lo hacemos por los papeles’”.
Después de más de tres décadas de lucha contra la violencia machista,
parece que los derechos de las mujeres se vuelven contra ellas mismas.
La propia lucha contra la violencia machista ha perdido legitimidad y
los testimonios de las mujeres víctimas se ponen en duda. Vemos como un
nuevo mito, el de las denuncias falsas, cobra fuerza y se une a la saga
de los viejos mitos sobre la violencia de género: es un “problema
residual”, “ligado a grupos sociales atrasados” o “una enfermedad
mental”, como se desprende el estudio de Ioé.
“Te crees eso de que no estás sola y que te vamos a proteger y le
cuentas al juez lo que pasa en casa y a tu hija. Pides un informe
psicosocial de la unidad familiar y primera bofetada en la cara, los
fiscales no están presentes porque están sobrecargados. Da absolutamente
igual que haya un menor al que proteger, los abogados, aunque sean de
pago, tienen una formación muy escasa. Consigues un régimen de visitas
estándar y no puedes proteger a tu hijo o a tu hija. Entonces, las
mujeres intentan denunciar, pero se interpreta como una pataleta para
alejar a los hijos de los padres. Y por aquí se va colando el Síndrome
de Alienación Parental (SAP)”. La psicóloga Fátima Urzanqui, que brinda
apoyo psicológico a varias mujeres, no vacila en considerar el SAP como
una respuesta neomachista al abordaje penal de la violencia.
Vuelve a ser importante preguntarse cómo se ha enfocado la violencia
machista y qué se ha perdido por el camino. Desde que la lucha contra
ésta se ha institucionalizado, el foco se ha ido desplazando hacia la
violencia más extrema, la agresión física (y, por encima, el asesinato).
Y se ha circunscrito a un sólo ámbito, el de la pareja o expareja. El
endurecimiento del Código Penal en 1995 ha supuesto un giro represivo
que podría haber recrudecido el patriarcado familiar con nuevas
violencias como la del SAP.
En este enfoque miope, el contexto de discriminación sexista se diluye,
no se entiende. Y se quedan fuera otras violencias machistas más
invisibles y habituales que se dan en el contexto de la pareja, pero
también en la calle, en el trabajo y en las redes sociales. Hablamos de
la violencia psicólógica en la pareja, la violencia hacia los hijos e
hijas, pero también del acoso sexual en el trabajo, la trata de mujeres
(no sólo con fines de explotación sexual), las agresiones sexuales o el
ciberacoso.
“Frente a quienes piensan que la violencia es una rémora del pasado, el
patriarcado está rearticulando su coherencia interna en un periodo de
crisis del vínculo familiar tradicional y de inestabilidades
materiales”, explicaban las investigadoras Cristina Vega y Begoña
Marugán en el 2000, antes de que se intensificara el ciclo de recortes
neoliberales.
Recortes sociales: La excusa
Las asociaciones feministas y CC OO denunciaron en noviembre ante los
grupos parlamentarios la reducción de un 24% de las políticas de
igualdad en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un año de
recortes que deja claro el interés de nuestro Gobierno en eliminar las
relaciones estructurales de desigualdad que sustentan la violencia.
La progresiva disminución del presupuesto se ha observado en muchos
ámbitos y actuaciones institucionales. María Naredo destaca, entre
otros, que los juzgados están denegando cada vez más derechos de
protección, ha caído diez puntos desde el 2007, y en Cataluña se están
denegando en un 50% pese a que no se está denunciando más. Y las órdenes
de protección, para algunas comunidades autónomas como la de Madrid,
son llave de acceso a muchos recursos, porque con la ley Integral se han
convertido en “los certificados de mujer maltratada”, afirma esta
investigadora.
El abordaje de la violencia en los dispositivos de atención también se
verá afectado. Con la última normativa que regula los concursos públicos
se valora más la propuesta económica que la técnica (que sólo puntúa un
30%). Las consecuencias más previsibles son la precarización de los
salarios en un sector feminizado, la disminución del número de
trabajadoras, de programas y de plazas. Tampoco hay que perder de vista
los enfoques sobre la violencia de algunas propuestas de bajo coste que
llegan a proponer la mediación entre agresor y víctima. Medidas
absolutamente vedadas en los pactos internacionales de Derechos Humanos.
La vía privilegiada para identificar la violencia en mujeres migrantes
sin papeles era a través de los protocolos de detección de violencia, en
los centros de salud. Pero ahora que han obstaculizado su atención
normalizada, se quedan sin medios, porque no van a ir a comisaría,
afirma Naredo.
En paralelo a esta pauperización, la propia existencia de la ley genera
una anestesia social sobre el sufrimiento de las víctimas que abre
puertas al discurso neoconservador: “Ahora el mandato es aguantar”,
alerta Urzanqui. El paro y el trabajo más precarizado ya se están
convirtiendo en elementos disuasorios, si además se produce una subida
de tasas judiciales, ¿quién se va a separar, y más sin red de apoyo,
como es el caso de muchas mujeres extranjeras?, se pregunta esta
psicóloga.
Retos feministas: nuevos mitos
La Ley Integral contra la Violencia de Género necesita medios económicos
que no se han articulado desde el principio y que con la excusa de la
crisis están menguando. El reto de las organizaciones feministas no es
sólo impulsar la elaboración y aprobación de leyes que garanticen una
vida libre de violencia, sino hacer seguimiento de su implementación y
seguir visibilizando las violencias machistas marginadas por la ley.
Para Naredo, la aplicación de la Ley Integral sobre Violencia de Género
es un camino mucho más duro que su elaboración y observa que aquí las
organizaciones reaccionarias han comido terreno porque tienen una
estrategia. “Los pasos atrás cuando se trata de leyes contra la
discriminación y la violencia sexista son muy fáciles de dar, por eso
nuestra fuerza debería ser mucho mayor que la de los machistas, y no
está siendo así”, reflexiona. “¿Por qué, a pesar del eco social de la
igualdad y de la ‘capilaridad e individualización del feminismo’ se
rearticulan las formas de dominación y se perpetúa la violencia?”, se
preguntaban las investigadoras Cristina Vega y Begoña Marugán.
Ante esta cuestión, poner el acento en la dimensión simbólica de la
dominación masculina y también de la subordinación femenina ha sido uno
de los nuevos retos del feminismo. Una de las propuestas es romper con
la representación de las mujeres como víctimas, que les resta capacidad
de acción, y salir de los relatos del pánico y el trauma. Aquí han
emergido posturas polémicas que entienden que es necesario reflexionar
sobre la violencia femenina. Es el caso de Medeak, que, en un informe
del Gobierno vasco sobre agresiones sexuales de 2011, considera, muy a
su pesar, que es necesario visibilizar modelos de agresividad femenina
para que los hombres experimenten que las mujeres pueden defenderse e
incluso agredirles físicamente.
La identificación de los elementos capitalistas y sexistas que
configuran el amor romántico y los roles de género que se activan dentro
de él es otro de los terrenos abonados por el feminismo en el camino de
la prevención de la violencia de género. Pero no sólo en las relaciones
heterosexuales. La activista Alicia Murillo reconoce en su blog que la
influencia del amor romántico inflama la violencia en las relaciones
lesbianas.
No sólo se están revisando los roles masculinos de dominio que imprimen
un amor violento. El esquema romántico exige a los roles femeninos la
procuración continuada de cuidados y afectos a sus parejas y/o familias.
A través de este plus emocional, que analiza Mari Luz Esteban en su
último libro, se realiza una colonización de la vida de la otra u otro
hasta materializarse en control y manipulación sistemática, acoso,
amenazas, e incluso violencia física.
La expresión homicida de las mujeres apenas se ve reflejada en las
estadísticas, su violencia se aprecia menos extendida que la masculina,
posiblemente debido a su lugar de subordinación en las relaciones
estructurales de poder, que la deslegitima. Analizarla es un desafío
necesario para el conocimiento de la violencia en las relaciones
amorosas y lograr así condiciones de protección y reparación a todas
las víctimas.
PERIÓDICO DIAGONAL. Nieves Salobral y Soraya G. Guerrero. Madrid / Redacción
Lo
ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Juan Manuel Moreno, en la clausura de la Cumbre Europea sobre Buenas
Prácticas para Erradicar la Violencia de Género, quien ha considerado
que la tarea de informar a las mujeres maltratadas de los recursos de
los que disponen "es de vital importancia".
![[Img #93521]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vz77RDzDG2_AP5xvh953qL7vlBxkdN2yNstLQrjmsR5CYASaUQljA7VF4WFQ8QY_QwW6eFI_02SA_FATpP11zz4BXqgc-BzzyzCjIf3aacdnzN31Yr0G559kDTqg=s0-d "La concejal Llanos Navarro.//Foto: Ayto. de Albacete")
El número de menores huérfanos a causa de la violencia de género asciende a cinco en lo que va de 2013, según los la última estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que recoge Europa Press. Este dato se incluye por primera vez desde el mes de enero con el objetivo de reflejar la cantidad de niños que sufren las consecuencias de esta violencia.