Diez mujeres se acogen al Programa de Teleasistencia para las Víctimas de Violencia de Genero

Acto contra la violencia de género protagonizado por niños.

Diez mujeres han utilizado en lo que va de año el programa de “Teleasistencia Móvil para las víctimas de la violencia de género” que el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Igualdad, tiene en marcha desde el año 2005, con el claro objetivo de garantizar a las víctimas de malos tratos una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia.

Se trata de un servicio de la empresa EULEN que ofrece a las víctimas que cuenten con orden de protección o alejamiento una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades las 24 horas de los 365 días del año, sea cual sea el lugar donde se encuentren.

A través de la utilización de tecnologías de comunicación de telefónica móvil y de tele localización, estas mujeres en riesgo de sufrir violencia de género están en contacto con un centro atendido por personas específicamente preparadas para dar una respuesta eficaz ante estas graves situaciones. A este servicio, que se activa con tan sólo apretar un botón, pueden acceder todas las mujeres que cuenten con orden de protección y no convivan con la persona que les ha sometido a maltrato.

Las prestaciones que ofrece este servicio son, además de la atención telefónica las 24 horas del día, localización geográfica a través de GSM-GPS, seguimiento y apoyo individualizado, asesoramiento técnico en uso del terminal, grabación de incidentes de agresión y consultas de dudas y apoyo psicológico.

El pasado año fueron unas 50 mujeres las que utilizaron este servicio que, desde su creación hace siete años, ha atendido a más de 150 víctimas de malos tratos. La edad de las mujeres que utilizan la Teleasistencia Móvil abarca de los 20 años hasta más de 50 y aunque no existe un perfil concreto, la mayoría son personas de un nivel cultural y socioeconómico bajo. Las mujeres más jóvenes son las más dadas a denunciar a sus parejas o ex parejas, según información de la Concejalía de Igualdad.

Una vez que el juez dicta la orden de protección, que suele ser de seis meses, la víctima es derivada a los servicios específicos que atienden este tipo de casos, entre ellos, el Ayuntamiento, que con la sentencia judicial en mano, acoge a la afectada en el programa de Teleasistencia Móvil. Cada tres meses, el Ayuntamiento emite un informe de cada caso a la empresa concesionaria del servicio, que a su vez, los traslada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una vez cumplidos los seis meses de la orden de alejamiento, el Ayuntamiento informa de la necesidad o no de prorrogar dicha orden, que puede durar hasta un año.

Las mujeres que son hoy usuarias de este programa, así como los familiares que dependen directamente de ellas, cuentan hoy con más seguridad y tranquilidad, según ha explicado la concejal de Igualdad, Juana Carrillo, “ya que además de ofrecerles apoyo, información y asesoramiento, cuentan con la garantía de estar comunicadas con este servio en todo momento”.

Además, se pretende potenciar su autoestima y calidad de vida, animándoles a mantener con plena seguridad contacto con el entorno familiar y social no agresor y proponiéndoles tranquilidad al saber que hay un equipo humano y técnico capaz de apoyar y resolver cualquier incidencia que se produzca. “Lo que pretendemos con este servicio –ha explicado Juana Carrillo- es garantizar a las víctimas una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, proporcionando seguridad y movilizando los recursos oportunos en función del tipo de emergencia. Se trata de que estas mujeres y sus familiares se sientan protegidos”.

El Ayuntamiento se adhirió a este programa, promovido por el Gobierno central, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en 2005. Desde entonces, se ha ido incrementando el número de usuarias de este servicio que cada día va teniendo mayor aceptación entre las víctimas de malos tratos. En gran medida, según ha explicado Juana Carrillo, porque “las mujeres son cada vez más valientes y dan el paso decisivo de denunciar a sus agresores”.

El de Huelva fue el primer Ayuntamiento de la provincia en llevar a la práctica este servicio, ya que según Juana Carrillo, “la violencia de género es un problema de todos, y si realmente queremos acabar con él, es necesario que toda la sociedad denuncie cualquier caso de malos tratos que conozca, pero también es muy importante que las administraciones pongamos los mecanismos necesarios para dar asesoramiento, cobijo y respuesta a las víctimas”. Así, con este programa, ha añadido, “el Ayuntamiento pone de manifiesto su total apoyo y movilización para ofrecer vías de salida eficaces ante las situaciones de violencia de género”.

Aparte de este servicio, el Consistorio onubense, que no ha querido quedarse al margen de este grave problema que afecta a tantas mujeres, apoya otras iniciativas, como la colaboración anual con la Asociación Miriadas para el teléfono de atención a las víctimas las 24 horas y la asistencia legal gratuita a mujeres a través de la Asociación Lourdes Almansa”.

Fuente: http://www.lavanguardia.com

Andalucía reduce a la mitad el número de muertes por violencia de género

Andalucía ha registrado hasta finales del mes de junio un total de cinco casos mortales por violencia de género, lo que supone cuatro menos (casi la mitad) que los registrados en el mismo período del año anterior, según el Observatorio de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En España, se ha registrado un total de 27 víctimas, dos menos que en el primer semestre del pasado año.

El Instituto, que valoró esta evolución de "positiva", destacó además que el número de denuncias por violencia de género ha descendido en Andalucía un 7,2% respecto al año pasado (datos del primer trimestre), tendencia a la baja que también se ha percibido a nivel nacional. Así, en la comunidad andaluza se han pasado de las 6.891 denuncias recibidas en el primer trimestre de 2011 a las 6.390 en 2012. Respecto al número de órdenes de protección, se han solicitado en el primer trimestre 1.516, un 0,8% más que en el mismo período de 2011. De ellas, se han resuelto de forma positiva el 66,82%.

Pese a estos datos positivos, el IAM advierte de la importancia del mantenimiento de medidas de concienciación para que las mujeres, su entorno familiar y la propia ciudadanía en general se atrevan a denunciar a los agresores, ya que en algunos casos la denuncia se retira o no se llega a presentar por la "propia presión psicológica que supone para la víctima".

En este sentido, el IAM recuerda la red de recursos con la que cuenta para la prevención y lucha contra la violencia de género. Entre ellos, destaca la red de 78 centros de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía, que cuenta con un total de 471 plazas para personas que dejan sus hogares a causa de las agresiones y amenazas sufridas. De ellos, 9 son centros de emergencia; 8 casas de acogida compuestas por 52 pisos; y 17 pisos tutelados. Esta red atendió durante el primer semestre del año a 1.082 personas (498 de ellas mujeres y 584 menores), lo que supone un 21,2% menos que las personas atendidas en el mismo periodo de 2011, cuando se alcanzaron 1.312 atenciones.

Los centros de emergencia asistieron hasta junio a 694 personas (343 mujeres y 351 menores), mientras que las casas de acogida ofrecieron sus recursos a 340 personas (135 mujeres y 205 hijos e hijas), y los pisos tutelados atendieron a 48 personas (20 mujeres y 28 menores). Los centros de emergencia son los que dan cobertura inmediata a las necesidades de protección y seguridad de las víctimas de la violencia de género, con un periodo de estancia de unos diez días; las casas de acogida proporcionan, además, las herramientas indispensables para salir de la violencia y prevén una estancia inicial de alrededor de tres meses, mientras que los pisos tutelados tienen como objetivo favorecer la autonomía de las mujeres, una vez que han pasado por los otros dos recursos.

Junto a ello, el IAM cuenta con otros programas como el de Atención Psicológica Grupal; el Servicio de Atención Psicológica a Hijos e Hijas de Mujeres víctimas; los diferentes programas de Atención Jurídica (para víctimas de violencia sexual, económica, etc), así como las subvenciones a mujeres víctimas o el programa de inserción sociolaboral Cualifica, entre otros. Asimismo, ofrece su red de atención directa (centros provinciales, municipales y Teléfono 900), que durante el primer trimestre del año atendió a un total de 31.319 mujeres, 5.124 de ellas (el 16,4% del total) por violencia de género.

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un total de 1.844 recursos -entre centros, servicios y entidades- que trabajan de forma directa o indirecta en la prevención, protección y lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos.

Fuente: http://www.europapress.es

Gobierno vasco recibe 162 solicitudes de ayuda económica a mujeres maltratadas

La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno vasco ha recibido en los primeros seis meses del año un total de 162 solicitudes de ayuda económica a mujeres víctimas, frente a las 98 tratadas en el mismo período del año 2011.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha informado de que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves la resolución de la directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior, Mariola Serrano, que amplía la cuantía presupuestaria destinada a las víctimas de la violencia machista en 150.000 euros. 

   La nueva cantidad se suma a los 542.000 euros destinados a este fin en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2012, partida que con un total de 692.000 euros en este año, supondrá un incremento de aproximadamente el 254 por ciento con respecto a la partida presupuestaria que por este concepto se disponía en los Presupuestos en el año 2009.

   Esta ayuda es de pago único y su objeto último es ayudar económicamente a las mujeres víctimas de violencia de género a salir de esa situación, de manera que el hecho de depender económicamente del agresor no sea un obstáculo.

   La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, a fecha 30 de junio de 2012, había tratado un total de 162 solicitudes de ayuda económica a mujeres víctimas, frente a las 98 tratadas en el mismo período del año 2011. Actualmente se han resuelto 122 solicitudes, de las que 89 han sido concedidas, 33 fueron denegadas o desestimadas, y cuarenta están aún sin resolver por problemas con la documentación.

   Según datos de Interior, el 52 por ciento de las solicitantes son mujeres de nacionalidad española, frente al 48 por ciento de mujeres extranjeras.

LAS CUANTIAS

   Las cuantías otorgadas varían en función de si se trata de una mujer sola, o con un familiar o menor a su cargo o más, y también se otorgan cuantías diferentes si se trata de mujeres con discapacidad y/o con familiares o menores a su cargo con discapacidad.

   Las ayudas oscilan entre los 2.556 euros, en el caso de que la solicitante sea una mujer sola y sin discapacidad, hasta los 10.224 euros como cuantía máxima a otorgar en aquellos casos en los que concurran determinados requisitos como la discapacidad.

   Finalmente, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha explicado que la decisión de ampliar estas ayudas está motivada por "la convicción de que la independencia económica de las mujeres es fundamental para que inicien una nueva vida libre de violencia".

Fuente: http://www.europapress.es

3.151 mujeres de C-LM presentaron denuncias por violencia de género

Un total de 3.151 mujeres de Castilla-La Mancha presentaron denuncias por violencia de género en 2011 contra sus parejas o exparejas sentimentales, siendo Toledo la provincia donde más casos se denunciaron, con 1.031 denuncias.

En la provincia de Ciudad Real, por su parte, 838 mujeres presentaron denuncias, 615 en Albacete, 405 en Guadalajara y 262 en la provincia de Cuenca.

   Así lo ha desvelado en una entrevista en Europa Press la directora del Instituto de la Mujer, María Teresa Novillo, quien ha asegurado que el mayor porcentaje de las mujeres que denuncian se encuentran en el tramo  de edad comprendido entre los 25 y los 34 años, y en el caso de los agresores, entre 35 y 44 años.

   Novillo ha indicado además que en el 31,94 por ciento de los casos, la agresión que origina la denuncia "se produce tras la ruptura de la relación afectiva", lo que refleja "la no aceptación de la ruptura y la perpetuación de la violencia como forma de control del hombre, incluso tras la separación".

   La directora del Instituto de la Mujer ha precisado además que el número de denuncias presentadas por extranjeras con respecto a las españolas "es menor, pero si se pone en relación con la población de   mujeres extranjeras que residen en Castilla-La Mancha, la tasa de denuncias de las mismas es muy superior a la de las españolas".

   Novillo ha indicado que el número de denuncias en edades jóvenes es más frecuente porque "en estas edades es cuando se forman las parejas, cuando se comienzan las relaciones y no se estabilizan", además de que "la gente más joven está más concienciada a denunciar que las mayores".

   "Todavía hay mujeres en franjas de edad alta en la que por su educación les da miedo o que no quieren denunciar por su cultura y su forma de ser", ha señalado.
MÁS DE 800 PROCEDIMIENTOS

   En total, el número de procedimientos tramitados por violencia de género en la región en 2011 fue 881, de los cuales 339 han finalizado con sentencia firme, 224 de ellas condenatorias.

   Del total de condenas, 31 corresponden a faltas administrativas y 193 a delitos de violencia de género, lo que supone un 86,16 por ciento de los casos. Además, el número de menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar el año pasado ascendió a 1.430, siendo su edad media de 8 años.

   Según Novillo, en relación con años anteriores "se aprecia un incremento del número de familias derivadas a los puntos de encuentro y, consecuentemente, un aumento tanto de los casos de menores atendidos como del número de expedientes en activo al final del año".

   "Esta mayor tasa de utilización y el elevado número de intervenciones reflejan la amplia difusión que tienen los Puntos de Encuentro Familiar, cuya creación obedece a la preocupación del Gobierno regional por la protección y la efectividad de los derechos de los menores", ha aseverado.

   Por otro lado, ha explicado que durante el año 2011 se atendieron en la región "a alrededor de 70.000 mujeres en distintas áreas", un 9,31 por ciento de las cuales acudieron al Instituto por violencia de género, de las cuelas el 60 por ciento eran españolas y mayoritariamente de entre 25 y 34 años.
PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD

   La directora del Instituto de la Mujer se ha referido al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2011-2016, del que ha destacado que "no se llevó nada a cabo en la anterior legislatura".

   La primera parte de este plan, que abarca hasta el año 2013, "se está trabajando con todas las consejerías, con una comisión que da un seguimiento y evalúa todas las actuaciones que se están llevando a cabo", que en este momento "son más de 300".

   Por ejemplo, Novillo ha detallado que dentro de estas líneas de actuación "se está trabajando la Igualdad en los centros educativos con la Consejería de Educación; con Sanidad se está llevando a cabo un protocolo de actuación con la Dirección General de Salud Pública y Familia para ayudar a las mujeres víctimas de la trata sexual; o con la Consejería de Agricultura se ha trabajado en la aprobación de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias".

El 71% de las víctimas de violencia de género seguían conviviendo con su pareja

Foto: MINISTERIO DE IGUALDAD

Se rompe la tendencia de los últimos años en los cuales denunciaban el maltrato tras abandonar a sus parejas

   SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El 71% de las víctimas de violencia de género seguían conviviendo con su pareja, en un dato que supone una ruptura de la tendencia lograda en los últimos años, en las que las denuncias se producían cuando las mujeres ya habían abandonado a sus maridos o compañeros.

   Así lo constata el Informe anual del Gobierno de Cantabria sobre la Ley Integral para la Prevención de Violencia contra las Mujeres cuando analiza los datos correspondientes a las víctimas atendidas en su Centro de Información y Atención Integral.
   Entre los cambios de tendencia que refleja ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se encuentra las relacionadas con la situación económica de las mujeres, como la ruptura de la tendencia que se había logrado de que las mujeres usuarias ya estaban separadas, mientras que ahora siguen conviviendo con sus parejas, en las que, por primera vez, los desempleados superan a los que tienen trabajo, mientras crece el número de mujeres maltratadas en el paro.
   De hecho, la inmensa mayoría de las usuarias de los Centros de Acogida y de Emergencia están en el paro, y por primera vez, el porcentaje de maltratadores en paro supera al de hombres que tienen trabajo
   Pero también se recogen otros fenómenos, como un descenso entre las víctimas extranjeras y el mayor incremento en siete años de las agresiones sexuales, junto a un incremento en los maltratos cometidos por padrastros (compañeros sentimentales de las madres) de mujeres.

CENTRO DE ASISTENCIA

   En 2011, el Centro se atendió a 409 mujeres. Se gestionaron, en ese centro, en total, 3.202 llamadas telefónicas (1.778 por maltrato o crisis de pareja, 814 por agresión acoso y abuso sexual; 319 de profesionales relacionados con maltrato, y 291 de llamadas generales relacionadas con la violencia de género).
   El porcentaje de mujeres españolas ha aumentado desde el 63% al 76% (un 13%), mientras que el de extranjeras se ha reducido, pasando del 37% de 2010 al 24% de 2011 (un 13%, también).
   Y se ha constando un descenso en las mujeres trabajadoras, que han pasado del 62% al 51%. El 71% estaba conviviendo con su pareja cuando acudió al centro.
   Esta cifra es similar a la que se dio cuando se abrió el centro (2004, cuando superaba el 70%), y llegó a darse un descenso "constante", hasta el punto de que el 70% de las mujeres que llegaban en 2010 ya estaban separadas, pero el año pasado un 71% de las que lo hacía convivía con sus parejas.
   El 86% de las mujeres atendidas afirmó encontrarse en situación de convivencia conflictiva, y un 33,26% han padecido violencia, tanto física como psíquica. Un 32,6%, maltrato psicológico; y un 15,48%, malos tratos económicos. Finalmente, el 6,34% ha recibido maltrato sexual.
   El 59% de las que llegaba al centro en 2010 había interpuesto denuncia por malos tratos. En 2011, la cifra se había elevado hasta un 64%.
   Un 61% de las mujeres tiene menos de 40 años, en un porcentaje que tiene una tendencia al alza desde el primer informe que se hizo (2004). De hecho, el principal colectivo de usuarias es el de entre 31 y 40 años (un 33%).
   En el Centro de Emergencias de que dispone el Gobierno para asistir en urgencias a víctimas de violencia de género y sus hijos, fueron ingresadas 23 mujeres en 2011.
   En un 52,38% de los casos, las mujeres eran extranjeras (la mitad de ellas, de América del Sur). Un 47,6% eran menores de 35 años, y un 61,9% estaban casadas (porcentaje que crece un 10% respecto a 2010). El 90,47% estaban desempleadas.
   Por su parte, en el Centro de Acogida, de carácter temporal, estuvieron en 2011 un total de 29 personas, fundamentalmente, derivadas desde el Centro de Emergencias.
   Un 51% de las usuarias del Centro de Acogida son extranjeras, un 20% de otras comunidades. Y se detecta un 25% de mujeres de etnia gitana que acuden a estas instalaciones, además de un aumento en las mujeres de municipios pequeños. Prácticamente todas (un 90%) son madres, y la mayoría (70%) tienen estudios primarios. El 90%, desempleadas.
   En cuanto a la duración de los malos tratos, la mitad se venían prolongando entre uno y cuatro años. Las que bajan, del 31% al 20%, son las situaciones de maltrato inferiores a un año, y otras más prolongadas, las de entre cinco y diez años, llegan a su nivel más bajo.
   Y en lo que respeta al tipo de maltrato, es una constante la agresión psicológica, que sufrieron todas, mientras que la física es un 70%, la económica un 20% y la sexual, con un 30%, se convierte en la cifra más alta desde 2004.

LOS MALTRATADORES

   En el caso de los maltratadores, aunque el 40% de ellos trabaja, bajan los que lo hacen de forma estable (del 38 al 30%) y crecen los que no trabajan (del 19 al 50), lo que hace que el porcentaje de maltratadores en paro supere por primera vez al de aquellos que están empleados.
   Se constata un descenso entre las mujeres que habían vivido con sus parejas menos de un año o entre uno y cuatro años, aunque aumenta entre aquellas que vivieron con sus agresores entre 5 y 10 años.
   Por otra parte, también se cuenta con un programa de reeducación para maltratados, el denominado SENDA, que atendió a 96 personas (94 fueron derivados por servicios sociales penitenciarios y 2 de forma voluntaria), en un trabajo del que el Gobierno destaca que ha conseguido favorecer el cumplimiento de la orden de alejamiento, aumentar el reconocimiento del delito y cuestionar las creencias de los hombres que participaron en esta iniciativa.

ABUSO SEXUAL

   En el área de abuso sexual, en 2011 se atendieron 62 nuevos casos (94% a mujeres y 6% a niños), y se constató un descenso en las mayores de edad (que han pasado del 63% al 48%) frente a un repunte en las víctimas menores, que se han elevado desde el 37% de 2010 al 52% del año pasado.
   Casi la mitad de las agresiones se produjeron hace tiempo, y en un 32% de los casos, cuando la víctima era menor de edad, y fueron reiteradas, más de una vez, en la inmensa mayoría (un 91% por personas conocidas por la víctima.
   Entre ellos, la mayor parte de los agresores fueron de la propia familia (un 48%) y la figura que más se repitió fue la del padre, bien biológico o bien segunda pareja de la madre (44% entre los dos, aunque descendiendo los padres y subiendo los padrastros), tanto en abusos a niñas como a adultas.
   Las agresiones se producen fundamentalmente en domicilios (57%), y en un 16% de los casos fueron derivadas desde el ámbito educativo.
   Ha bajado el porcentaje de víctimas españolas, que ha pasado del 89% al 74%, subiendo el de mujeres extranjeras, entre las que predominan las de América del Sur (un 17%).

PROGRAMAS PARA MALTRATADAS

   El Servicio Cántabro de Empleo logró el año pasado colocar a 53 mujeres maltratadas de las 217 que fueron inscritas como colectivo preferente a la hora de buscar trabajo.
   Un total de 180 recibieron Rentas Activas de Inserción (programa estatal y regional, que incluyó un subsidio y orientación laboral).  Y 25 recibieron la Renta Social Básica.
   El servicio telefónico de atención y protección, gestionado desde Cruz Roja, atendió en 2002 a un total de 262 mujeres y 3.445 alarmas, aunque ninguna por riesgo de agresión, siendo la mayoría de seguimiento del centro de atención.
   Según los datos más recientes del Gobierno, se encuentran activos 22 dispositivos electrónicos de seguimiento de maltratadores, que se activan cuando incumple la distancia fijada para el alejamiento respecto la víctima.

Fuente: http://www.abc.es

Ministerio y CCAA actualizan el jueves el protocolo de detección del maltrato

El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad actualizará este jueves junto con las comunidades autónomas el protocolo de detección de violencia de género por los profesionales sanitarios, en el marco de una Conferencia Sectorial.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno para Violencia de Género, Blanca Hernández, durante su intervención en el curso "Un Estado de todos para todos", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de Santander.

Hernández ha desgranado los principales ejes de acción del Ministerio en la lucha contra la "lacra" de la violencia de género: romper "la barrera del silencio" que rodea a los malos tratos y "maximizar y mejorar" la respuesta institucional.

Precisamente en esta línea se sitúa la revisión del protocolo de detección de este tipo de situaciones que, llevada a cabo principalmente por los profesionales sanitarios, permite poner en marcha todo el proceso posterior de derivación y protección de la víctima, y cuyo modelo se revisará esta misma semana.

"En todo lo que se refiere al ámbito de la prevención se actualizará el protocolo sanitario para que la detección sea más eficiente", ha explicado.

En su exposición, la delegada del Gobierno ha subrayado el "compromiso" del Ejecutivo para "mantener la asistencia y protección de quienes sufren violencia y su entorno", algo que ha justificado a través de la ayuda de cinco millones de euros que durante la primera Conferencia Sectorial de Igualdad se acordó distribuir a las autonomías para la lucha contra el maltrato.

Pese a ello, ha reiterado la necesidad de mejorar la eficiencia de las administraciones "ya sea central, autonómica o local" para ponerse en red y actuar "coordinadamente y con la máxima comunicación" y derivación en los casos oportunos.

Tras la conferencia, la delegada ha negado a los periodistas que se trate de eliminar una posible situación de duplicidades, sino de conseguir que el sistema sea "muy rápido y muy inmediato", un objetivo sobre el que su departamento ya está trabajando.

"Creemos que se requiere maximizar herramientas para que la respuesta institucional sea cada vez más perfecta", ha afirmado.

Hernández ha especificado que esta situación de "voluntarismo" entre administraciones podría verse reflejada, por ejemplo, en el ámbito de las casas de acogida, respondiendo así a las necesidades de aquellas mujeres maltratadas que soliciten un desplazamiento territorial mayor de su agresor.

Fuente: http://sociedad.elpais.com

El Observatorio contra la Violencia de Género alerta de que bajan las denuncias

Las denuncias por violencia de género han descendido en el primer trimestre el año a 30.895, una media de 339 diarias, lo que supone un 2,7% menos que en los últimos tres meses de 2011. Así se desprende del úlltimo estadística del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, vinculado al Consejo General del Poder Jucidial, basado en los datos obtenidos de los 106 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de toda España y en los 355 juzgados con competencias compartidas.

Según el informe, el 73,23% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, otro 11,75% fueron derivadas de partes de lesiones y un 12,21% como resultado de la intervención policial directa. Solo un 1,29% fueron presentadas por familiares. En casi seis de cada diez casos (el 55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de presentar la denuncia.

Según la presidenta del organismo, Inmaculada Montalbán, aún existe una "bolsa oculta de maltrato que no aflora", por lo que cree "imprescindible" desvincular de las ayudas sociales la necesidad de interponer denuncia para acceder a los derechos de carácter asistencial y económico que otorga la ley. Montalbán también advierte de que los jueces de violencia sobre la mujer tienen una "sobrecarga de trabajo", por lo que estima "vital" crear nuevos órganos judiciales.

Esta mañana, tras participar en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre violencia de género, Montalbán se ha referido también al proyecto del Ministerio de Justicia de modificar el Código Civil para facilitar la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio. Según ha explicado, "el arma de la custodia compartida se está utilizando como un elemento amenazante para que las mujeres retiren las denuncias por violencia de género", por lo que opina que este tipo de régimen familiar es "completamente incompatible" con casos de maltrato.

En su opinión, la custodia compartida "funciona bien cuando hay acuerdo entre las partes y unas reglas comunes que los padres cumplen para evitar el perjuicio del menor", pero "antes de declarar cualquier preferencia de modelo hay que estudiarlo detenidamente y tener muy claro que en algunos casos se utiliza para intentar eludir el pago de pensión".

Sobre este asunto se ha pronunciado también en El Escorial la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la diputada del Grupo Popular Carmen Quintanilla. A su juicio, no solo debería estar prohibida la custodia compartida en casos de violencia, sino también el régimen de visitas del padre maltratador a los hijos. "Yo me niego a que un padre maltratador tenga derecho a visitar a sus hijos, me niego", ha afirmado Quintanilla, que ha asegurado estar "muy preocupada" por la iniciativa de Justicia.