Ayer, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que da solución a estos casos: una orden de protección europea, que supone que cualquier medida de salvaguarda dictada en un país debe ser válida también en el resto de la UE.
Rasa quería viajar con sus hijos a España, pero el miedo le podía. Tenía pánico a que su ex pareja la encontrara. La orden de protección que la salvaguarda en su país, Holanda, no tiene vigencia en el resto de la UE. Su caso no es único. En la UE, solo en 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos, según las cifras manejadas por las instituciones comunitarias. No hay datos de cuántas se trasladaron de un país a otro, pero se cifran en cientos. Ayer, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que da solución a estos casos: una orden de protección europea, que supone que cualquier medida de salvaguarda dictada en un país debe ser válida también en el resto de la UE.
La iniciativa, rodeada de polémica desde que nació como proyecto estrella de la presidencia española hace casi un año, debe aprobarse todavía en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, un órgano en el que aún no ha encontrado los suficientes apoyos. Hace unos días, el rechazo de Holanda obligó a suspender la votación por parte de los ministros de los Veintisiete.
La orden europea de protección, que empezó siendo una directiva destinada a la protección de las víctimas de la violencia machista, ha pasado a incluir también a otras víctimas -de terrorismo, crímenes de honor o mutilación genital, por ejemplo- con especial atención a los menores. No implica que si una mujer tiene en España una orden de protección consistente en un brazalete electrónico tenga que tener la misma si se va a República Checa, por ejemplo. "Deben ser medidas equivalentes pero no idénticas. Lo importante es que la víctima esté protegida", dice la eurodiputada popular Teresa Jiménez-Becerril.
"Aunque la situación jurídica es distinta y, de hecho, la directiva no pretende una armonización de los sistemas de Justicia de la UE, sí debe haber un instrumento jurídico válido para toda la Unión", sostiene la eurodiputada socialista Carmen Romero, la otra ponente de la directiva.
La fórmula podría ayudar a Micaela. Esta mujer rumana de 38 años, que no quiere dar su apellido, fue maltratada por su esposo. Tras cinco años de sufrimiento dio el paso y le denunció. El juez le concedió medidas de protección. Su ex esposo, español, no puede acercarse a ella. Pero Micaela, que ahora tiene un niño de tres años y que lleva 16 meses recibiendo asistencia psicológica de una organización de ayuda a las víctimas de la violencia machista, quiere volver a su país. "Quiero irme con mi madre allá, aquí estamos solos mi hijo y yo. Echo de menos a mi familia", explica por teléfono. No se siente con fuerzas para hacerlo. "Si él quiere me podría encontrar", dice. En Rumanía no sirven las medidas dictadas por el juez. Si se llega a aprobar la directiva, Micaela podría solicitar una orden europea de protección si decide volver a su país. En este caso sería España el país encargado de emitir la orden y transmitirla al país al que vaya a trasladarse. Su situación no es aislada. Unas 8.000 mujeres rumanas se han beneficiado de órdenes de protección en España, según datos de Justicia. No se barajan muchas más cifras. Y es que en muchos países de la UE no se contabilizan estos datos, algo que pretende atajar la directiva.
Todo está ahora en manos del Consejo de Ministros, después de meses de polémica y sobresaltos. Ya en junio siete países-Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- votaron en contra. Algunos, como Alemania, alegan dificultades técnicas y de compatibilización de sistemas. En ciertos Estados, las medidas de protección son dictadas por una autoridad penal (como en España) y, en otros, son tratadas por la vía administrativa o civil.
"En lugares como Alemania, donde estas medidas funcionan muy bien, tienen miedo de que la orden europea les ralentice", revela Jiménez-Becerril, una de las dos ponentes del texto. En ese país, por ejemplo, es una autoridad civil quien dictamina las medidas de protección, que pueden llegar incluso al desalojo del agresor de su casa (aunque sea de su propiedad) durante un tiempo, como una medida cautelar.
Otros países van más allá. Reino Unido sostiene que esta directiva puede tocar cuestiones de soberanía. También la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, la luxemburguesa Viviane Reding (Partido Popular Cristiano), se ha mostrado contraria a la directiva desde el principio, llegando a enfrentarse con el ministro de Justicia español. Reding sostiene que la norma no está completa y que hay "enormes dificultades técnicas" para ponerla en marcha. "Es necesario hacer mucho trabajo antes de poner en marcha una directiva como esta. Es necesario recopilar datos y hacer un estudio de impacto", insistió ayer. Reding prepara además una propuesta alternativa a esta euroorden de protección "más fundamentada, auditada, respaldada por informes", que tendrá, además, "una correcta base legal", dijo.
Romero cree que el estudio de impacto es una "coartada" para ralentizar la aprobación de esta euroorden. Opina que detrás de algunos argumentos que aluden a dificultades técnicas se esconde también una motivación económica que busca eludir estos gastos. "Esto es verdaderamente un problema de voluntad política", afirma.
"El parlamento, la voz de los ciudadanos, ya ha dado su mensaje. La orden de protección es necesaria. Ahora les toca a ellos escuchar", pide Jiménez-Becerril. Y esto será previsiblemente en enero, cuando el Consejo de Ministros de Justicia e Interior decida si escucha al Parlamento y retoma la iniciativa o se deja de lado definitivamente. El panorama no es muy halagüeño. Hungría, que ostentará la presidencia de la UE los seis primeros meses de 2011, es uno de los países contrarios a la directiva.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene que el bronco debate sobre la euroorden despertado por la Comisión le ha hecho un flaco favor a la directiva que tan vivamente impulsó España. Ahora, tras la negativa de unos, toca "buscar nuevos apoyos", dice.
Medidas de protección para las víctimas
- En 2008, se dictaron en la UE 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos. Solo en España, desde la entrada en vigor de la ley integral de violencia de género (en 2005) hasta el segundo trimestre de 2008, se han adoptado 83.968.
- 68 mujeres han muerto en España asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año. Las organizaciones no gubernamentales elevan la cifra en toda Europa a 2.000. No hay datos oficiales.
- La euroorden busca asegurar que la protección que recibe en un Estado miembro cualquier víctima de la violencia (desde agresiones machistas a crímenes de honor, mutilación genital o terrorismo) se aplique en cualquier otro país de la UE al que la persona se traslade.
- Solo se podría dictar una orden europea de protección previamente adoptada en un Estado miembro: órdenes de alejamiento, prohibición de ir a lugares que frecuenta la persona protegida o de mantener cualquier tipo de contacto con ella.
- Las autoridades del país de acogida de la víctima no estarían obligadas a aplicar siempre la misma medida del Estado que emite la orden, sino que tendrían "un margen discrecional" para adoptar una similar.
